En un polémico acuerdo plenario, la Cámara de Apelaciones en lo Civil resolvió que no enviará sus decisiones para ser revisadas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

De esta forma, desconoció lo decidido por la Corte Suprema en el llamado caso Levinas, que le da más poder a la Justicia porteña para revisar las decisiones de las causas civiles, comerciales, laborales y penales. Se espera en el corto plazo el pronunciamiento de los otros fueros.

Los camaristas civiles argumentaron que el Máximo Tribunal desconoció la Constitución Nacional y decidió más allá de sus facultades, reemplazando al Congreso.

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En ese sentido, mencionó que, en el caso Levinas, la Corte incurrió en "errores, tanto procesales como argumentales, de tal magnitud, que impiden considerar que puedan tener un efecto vinculante -aunque más no sea atenuado- para este tribunal".

"La Corte suprema decidió dictar una resolución que trastoca por completo el sistema constitucional argentino al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales, en el marco de un incidente de competencia y sin haber escuchado al Estado nacional ni a la Ciudad de Buenos Aires", subrayaron los camaristas.

A finales de enero pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le había pedido a la Corte que suspendiera su fallo del pasado 27 de diciembre, votado por mayoría, con la disidencia de de Carlos Rosenkrantz.  

En su demanda, que envió mediante una nota al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el jefe de fiscales aseguró que la disposición provocará que el ministerio Público Fiscal se vea "impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en casos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad".

Según Casal, la "nueva doctrina" promoverá una actividad procesal para la cual "las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley, y esta no les confiere legitimación procesal para actuar en el foro local".

"Esa suerte de hipotética actuación mixta constituiría un obstáculo para el diseño de una política criminal coherente, pues la actuación de los fiscales nacionales conforme los criterios de actuación establecidos por este Despacho, podría verse frustrada de no ser estos compartidos por el ministerio público local que, como es obvio, habrá de regirse por los que le son propios", agregó.

Al día siguiente, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, lo cruzó e indicó que los "fallos" estaban para "cumplirse" y que la Corte fue "clara y contundente". "Avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad, tal como lo dispone la Constitución Nacional", concluyó.