El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compuesto por 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, comenzó a publicar el pasado 3 de octubre los denominados “Pandora Papers”, la mayor filtración de datos de sociedades offshore que derivó a su vez en el inicio de numerosas causas judiciales ¿Es posible resolver esta problemática?

De acuerdo a los distintos rankings de los documentos, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios de guaridas fiscales -2.521 personas- y el quinto con más sociedades offshore conectadas con un único beneficiario final -1.448 compañías creadas por un sólo argentino-.

Asimismo, según datos de 2020 de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, nuestro país pierde alrededor de 2.684 millones de dólares anuales a causa de flujos financieros ilícitos provenientes de la evasión impositiva. De ese total, 2.341 millones de dólares corresponden a empresas multinacionales y compañías argentinas con sociedades offshore, mientras que el resto a personas que ocultan sus ingresos no declarados en el exterior.

Cabe destacar que Naciones Unidas volvió a remarcar en mayo de 2019 la importancia de reducir los flujos financieros ilícitos y combatir todas las formas de delincuencia organizada, como parte de sus objetivos para la promoción del desarrollo sostenible.

Panorama general

En diálogo con El Canciller, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), indicó que las sociedades offshore representan solamente una de todas las dimensiones de la política fiscal, que en Argentina es “muy opaca” y tiene un “impacto potencial” en la desigualdad debido a la falta de "mecanismos adecuados” de control y sanción.

Siguiendo esta línea, señaló que los distintos gobiernos generalmente han revisado las políticas de gasto directo, pero no han llevado adelante un control exhaustivo de pérdidas como las que revela el informe de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. En cuanto a otras medidas que ya se implementaron, celebró que la actual gestión nacional creó un registro público de beneficiarios finales de empresas y que también a nivel mundial se están creando convenios entre los Estados para promover el intercambio de información sobre las compañías.

“Sin embargo, los Pandora Papers revelan que este tipo de medidas parecen no ser suficientes. No está la voluntad política que se necesita para que se cumplan”, subrayó Izcurdia. En este sentido, puso como ejemplo que en nuestro país existen criterios muy disímiles respecto al acceso a la información pública cuando se trata de beneficiarios de subsidios directos, como las asignaciones familiares, en comparación con otros beneficios impositivos.

“Solicitamos a la Afip que entregue el listado de beneficiarios de reembolsos por exportación por puertos patagónicos, así como los montos de tales beneficios, y el organismo se negó invocando la protección de datos personales. Esto sirve para pensar los criterios que se aplican para los sectores económicamente más poderosos y los que se aplican para los sectores económica y socialmente más vulnerables”, puntualizó la especialista. A raíz de este tipo de situaciones, ACIJ ya posee tres causas judiciales abiertas en el fuero contencioso administrativo federal contra la Afip.

Qué se puede hacer

Las organizaciones de la sociedad civil ACIJ, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentaron en forma conjunta ante los candidatos presidenciales de 2019 el “Acuerdo Social Anticorrupción”, una propuesta de abordaje integral de los desafíos en esta materia. Varios ejes de la iniciativa están vinculados a la transparencia de los mercados financieros y el control de la corrupción en el sector privado, que, según el documento, están basados en la opacidad que brindan las jurisdicciones offshore para ocultar recursos surgidos de este tipo de delitos.

En concreto, el acuerdo propone reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción. También sugiere fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y la participación de la ciudadanía en los mercados financieros extranjeros y las guaridas fiscales.

Representantes de las organizaciones de la sociedad civil en su presentación del “Acuerdo Social Anticorrupción”.

Otro punto que plantea es la implementación de medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público. Esta medida debería incluir la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que publicite las audiencias entre privados y funcionarios. Además, precisa que se podría ampliar los alcances y las obligaciones del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, establecido en la Ley 27.401.

Finalmente, el acuerdo considera fundamental que se establezcan programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público, al tiempo que se prohíba por parte del Estado la contratación de proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.