El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló este viernes el fallo que declaró nula la investigación por el uso de tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura Bonaerense por parte del puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau. Será ahora Casación la que decidirá si reabre o no la causa.

La apelación del fiscal, hecha antes del vencimiento del plazo (20 días), va en contra de la resolución que tomó la Cámara de Garantías de La Plata, que hace una semana anuló la causa y excarceló a Rigau, que el 9 de septiembre pasado había sido detenido en un cajero automático del Banco Provincia de esa ciudad con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense y poco más de $1 millón en su poder. 

Ese fallo fue firmado por los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo, quienes argumentaron que la Policía detuvo a Rigau sin previa autorización judicial y sin objetivo fijado a la hora de llevar a cabo esa aprehensión. 

Los magistrados también señalaron que la fuerza de seguridad le dio tardía intervención a la Justicia. 

Por el contrario, el camarista Fernando Mateos avaló la detención y la validez de la investigación, pero quedó en minoría. 

Hasta el momento, la fiscal que lleva adelante la investigación tiene una causa estancada por la nulidad decretada y la única forma de reactivarla es con el fallo de Casación.    

"La actuación policial sin orden judicial se encuentra habilitada en el código de rito por tratarse de supuestos de urgencia" y el artículo 16 de la Constitución Provincial “establece que nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquier persona”, indicó Vogliolo en su escrito de apelación.

“Entiendo que lo manifestado por la mayoría de los jueces de la Sala III de la Cámara no deriva de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, sino de una arbitraria y parcializada valoración de ellas, evidenciada por el apartamiento liso y llano de constancias que determinan los motivos del accionar policial en razón de la urgencia y de la flagrancia”, destacó.   

El fallo de la Cámara de Garantías despertó varias denuncias penales y administrativas contra los jueces Benavides y Villordo, entre ellas, un sumario que analiza un área disciplinaria de la Suprema Corte Bonaerense. 

Paralelamente, un fiscal de instrucción de La Plata lleva adelante otro tramo de la investigación por el uso de fondos públicos por parte de la Legislatura Bonaerense, tal cual lo denunciaron dirigentes de Juntos por el Cambio en la presentación hecha ante la Justicia.