Destituyeron a la jueza de La Rioja que había pedido $8 millones de coima para agilizar una sucesión
El Tribunal Superior de Justicia de la provincia la encontró culpable de "mal desempeño" de sus funciones, por lo que no podrá continuar ejerciendo. En tanto, sigue en marcha una causa penal contra la magistrada.
Este martes, un jury de enjuiciamiento destituyó a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, quien había sido filmada pidiendo una coima de $8 millones para tramitar una sucesión en La Rioja. Dicho escándalo derivó en dos causas distintas: una en la que está imputada por el delito de concusión y el proceso en el que se confirmó su "mal desempeño" y por ello se la removió de su cargo.
La primera en prestar declaración en el juicio en el que se definió que la magistrada no podrá continuar ejerciendo fue la denunciante, la abogada Manuela Saavedra. La mujer administraba una sucesión familiar y había acudido a la acusada porque el expediente permanecía estático.
Al llegar al despacho de la funcionaria, la propia Mazzucchelli le solicitó la elevada suma de dinero con el argumento de que su sueldo era bajo. Ante la negativa de la letrada, disminuyó el pedido a $5 millones, algo que quedó filmado y que derivó en la actual condena.
Saavedra denunció el 15 de mayo pasado que, además, la jueza le había "enviado emisarios a presionarla para que pagara".
A pesar de que la primera audiencia del juicio se debía llevar a cabo en julio, finalmente se realizó este lunes, debido a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja aceptó diferentes recursos pedidos por la defensa para prolongar y suspender el debate.
La fecha para concretar el proceso y la sentencia se llevó a cabo "tras sucesivas sesiones donde se resolvieron todos los planteos formulados por la magistrada acusada, entre ellos las recusaciones planteadas", puntualizó en un comunicado el TSJ.
Al respecto, la corte había explicado que la postergación del juicio ocurrió "pensando en que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y obligaciones previstas por ley y, de esta manera, prever cualquier nulidad que pudiera producirse con posterioridad al inicio".
A la jueza se le había imputado el delito enmarcado en el artículo 266 del Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".