Consejo de la Magistratura: ¿El peronismo unido o dominado?
El peronismo unido cómodo ganador de las elecciones presidenciales 2019 ya había tenido un aviso también exitoso un año antes en la nominación de sus representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura, la institución encargada de seleccionar a los jueces y promover sus destituciones en caso de mal desempeño de sus cargos.
O no lo vio Cambiemos o no supo cambiar a tiempo de estrategia. Sin embargo, una vez en el poder, parece resultar difícil congeniar entre los distintos sectores de la nueva alianza gobernante el reemplazo en ese organismo de quienes han vencido su mandato legislativo o pasaron a ocupar funciones en el Poder Ejecutivo.
"O uno u otro. Los dos, no", fue palabra más palabra menos el límite de los sectores no kirchneristas del peronismo ahora gobernante a la hora de aprobar o desaprobar la idea de que la diputada Vanesa Siley y el senador Mariano Recalde, identificados con el kirchnerismo, desembarcaran de manera conjunta en dos de los trece sillones destinados a los consejeros encargados de administrar también el Poder Judicial de la Nación.
Siley proviene del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) y el apellido Recalde está indefectiblemente identificado con Hugo Moyano y uno de sus viejos laderos sindicales, el histórico titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato.
Siley, suplente del ahora ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro en la elección de 2018, jurará este viernes en la Corte Suprema y estará habilitada para el desempeño del cargo. Lo mismo sucederá con el ya designado representante de Alberto Fernández en el cuerpo, Gerónimo Ustarroz, "hermano" de crianza de De Pedro. Curiosamente, los tres son de Mercedes. Siley, De Pedro y Ustarroz, quien reemplazará en ese rol a otro mercedino, Juan Bautista Mahiques, ahora titular del Ministerio Público Fiscal porteño.
Mahiques cumplió un elogiado rol articulador en la última integración del Consejo de la Magistratura que ahora muchos vislumbran en Ustarroz. Ambos cuentan con otra coincidencia, además de Mercedes y la edad o cuestión generacional. Mahiques empezó en el organismo como asesor de la ex representante de los abogados porteños, Adriana Donato, en el marco de las alianzas tejidas en su momento por la lista liderada por Jorge Rizzo, Gente de Derecho, con el macrismo. Ustarroz fue asesor de De Pedro en sus dos períodos en el organismo y, al igual que Mahiques, conoce a todos y dialoga con todos. El nuevo representante del Poder Ejecutivo en el Consejo fue visto en las últimas semanas en el devaluado edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales federales penales porteños.
Pero hasta el cierre de esta columna algunos ponían en duda la elección de Recalde como representante del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta en el Consejo, en reemplazo de la santiagueña Ada Iturrez de Capellini, a quien se le venció el mandato. De hecho, el protocolo previsto por la Corte Suprema para este viernes 27 a las 9 de la mañana prevé la jura de Siley y Ustarroz, más no la de Recalde.
Si el ex interventor de Aerolíneas Argentinas llegara a sortear el escollo y caer en una poltrona de las trece asignadas para los consejeros en el segundo piso del edificio ubicado en la calle Libertad, frente a Plaza Lavalle, será el primer hijo en ocupar una banca en la que ya estuvo su padre en ese organismo, el conocido abogado laboralista y ex diputado Héctor Recalde, el de los lazos con Moyano y Piumato.
Lo que ya es un hecho, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, es que el órgano incorporado al esquema institucional a partir de la reforma constitucional de 1994, comenzará el nuevo año sin autoridades electas para ese período.
Todo indicaba que había una fórmula de consenso pero supeditada a la elección de los representantes legislativos del peronismo. Así, el juez Alberto Lugones, otro consejero con pasado como asesor dentro del organismo y que desde allí consiguió la aprobación para su actual cargo de camarista federal en San Martín, sería el presidente en 2020 secundado por el actual presidente al que se le vence el mandato a fin de año, el también juez Ricardo Recondo, camarista federal en lo Civil y Comercial y ex funcionario del gobierno radical de Raúl Alfonsín.
Lugones pertenece a la lista Celeste en la interna de las elecciones de jueces en la Asociación de Magistrados. Es la más cercana a las posturas kirchneristas y/o peronistas. Por el contrario, Recondo proviene de la lista Bordó que históricamente gobernó la asociación autorizada a realizar las elecciones entre los magistrados para determinar sus representantes en el Consejo de la Magistratura y, a la vez, contracara de la denostada asociación Justicia Legítima, nacida y criada al calor del kirchnerismo y con posturas políticas más explícitas y directas.
La elección del futuro presidente del Consejo de la Magistratura pasará así para febrero, cuando Recondo no será más el presidente pero sí encabezará la primera reunión de 2020 por ser el más veterano de los consejeros, aunque ello está en duda por su actual rol. El tercer juez que integra el organismo es Juan Manuel Culotta -ocupa un juzgado federal en San Martín-, mientras que los representantes de los abogados son el porteño Juan Pablo Mas Velez y la marplatense Marina Sánchez Herrero, ambos identificados con Cambiemos o Juntos por el Cambio. El sillón reservado para los académicos es ocupado desde fines del año pasado por Diego Molea, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y más cercano al peronismo que a Cambiemos.
Los otros legisladores que ya integran el Consejo son los diputados Pablo Tonelli (Cambiemos), Graciela Camaño (Consenso Federal) y los senadores Mario Pais (Frente para la Victoria) y Silvia Giacoppo (Cambiemos). Hay quienes anoche dudaban de la continuidad de Pais y ataban su suerte a la elección de Recalde o el otro senador del peronismo ¿unido? que aún falta designar. Quizás podrían ser el propio Recalde y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara. No está de más recordar al no informado lector que el Consejo de la Magistratura es una institución poco conocida pero de mucha relevancia para el sistema judicial, el mismo en el que está en problemas la actual vicepresidenta de la Nación y ex presidenta Cristina Fernández.