Casanello dictó la inhibición de bienes de Belliboni en la causa por administración fraudulenta de comedores
La medida del juez federal incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, en el marco del expediente en el que también se investiga la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.
El juez federal Sebastián Casanello dictó este miércoles la inhibición general de bienes a Eduardo Belliboni, en el marco de la causa por presuntos delitos de administración fraudulenta de comedores y extorsión a beneficiarios de planes sociales.
La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico - financiero.
El líder piquetero es una de las 27 personas acusadas de ser parte de estas maniobras y deberá presentarse a declarar ante la Justicia el próximo 25 de junio, en Comodoro Py.
Casanello había ya había citado a indagatoria a Belliboni después de "avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente".
Así, determinó que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo".
El magistrado basó su apreciación en "la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos".
"Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", subrayó.
Además, agregó que "dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal".