La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó que durante el primer semestre de 2022 se desarrollarán –al menos– cuatro audiencias públicas para el tratamiento de diversas cuestiones cuyo proceso alcanzó al tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Se trata de un mecanismo previsto en la Acordada 30/2007, ideado “con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”.  A su vez, buscan “garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción”. Las audiencias públicas han sido utilizadas en temas de gran relevancia como el debate sobre la Ley de Medios. Sin embargo, dentro de los cuatro temas previstos por la Corte, ninguno es de calibre político.

• Derecho al olvido. A raíz del caso de Natalia Danegri, quien solicitó que no se pueda acceder por el buscador de Google, a través de su nombre y apellido, a contenidos que estén relacionados con el caso Cóppola, la CSJN tratará el “derecho al olvido”. Será la primera audiencia y se dará el próximo 17 de marzo. Allí analizará el pedido de bloqueo de información disponible en internet que aluden a la privacidad por hechos del pasado: un concepto vinculado al habeas data y la protección de datos personales, la intimidad y la imagen y el derecho al honor.

• Autocultivo. El artículo 7 de la Ley 27.350 exige que, para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales, el usuario debe someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición necesaria. En el marco del cuestionamiento de ese punto, el Máximo Tribunal también analizará la constitucionalidad de la prohibición de cultivar de forma doméstica la planta del cannabis con fines medicinales para menores de edad.

• Corredores inmobiliarios. La regulación de la profesión de los corredores inmobiliarios actualmente es difusa: los limites son establecidos al mismo tiempo por el Estado nacional y los de las provincias. Esto provoca conflictos sistémicos entre los colegios de los corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria. Las soluciones que han implementado las distintas jurisdicciones han sido diversas, lo cual acentúa aún más el problema. Por eso, la Corte intentará dilucidar si se trata de una actividad amparada debajo de la jurisdicción nacional o provincial, quedando alcanzado, a su vez, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (CN).

• Peligro de extinción. El Gran Chaco es la zona de hábitat del yaguareté, se trata de una región conformada por parte de las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta. Producto de una denuncia presentada por Greenpeace contra esta última, y teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 41 de la CN, la Corte Suprema analizará el pedido de que se suspenda la explotación productiva de la zona para la preservación de la especie en peligro de extinción.