Argentina volvió a reclamar este martes la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la Justicia como uno de los responsables ideológicos del atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó la muerte de 85 personas y unos 300 heridos.

Vahidi es actualmente ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

Fuentes oficiales señalaron que, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina central de Interpol, con sede en Lyon, emitió una Circular Roja para su detención. 

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Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su captura con fines de extradición, de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.

Mediante un comunicado conjunto emitido por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad, se solicitó además que se aprehenda a los demás responsables del ataque terrorista, que "continúan en sus puestos de poder con total impunidad", según el texto.

De acuerdo a la Unidad Fiscal para la Investigación de esta causa (UFI AMIA), Vahidi habría participado en una reunión en 1993, en la ciudad iraní de Mahshad, en la que se habría decidido el atentado, el segundo contra la comunidad judía argentina tras el perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó un saldo de 22 muertos.

"No se limitó a participar pasivamente del cónclave, sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales", sostuvo el dictamen firmado en 2006 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El pedido de las autoridades argentinas se conoció 12 días después de que el máximo tribunal penal del país diera por probado que ambos atentados fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el Gobierno de Irán. El fallo de la Cámara Federal de Casación sostuvo, además, que ambos episodios deben ser considerados "delitos de lesa humanidad", lo que implica que las investigaciones no prescriben con el paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.