Alberto y la Justicia: los mensajes a la Corte y la duda sobre el ministerio

Un penalista en la Rosada. Con el triunfo ya confirmado, Alberto Fernández asumirá el 10 de diciembre de 2019 con el objetivo de sacar a Comodoro Py del eje central en el que está hace unos diez años. La judicialización de la política o la politización de la justicia fue uno de los temas que abordó en la campaña electoral y generó varios rumores y comentarios en Retiro.

Sin que todavía esté confirmado quién será la persona encargada del Ministerio de Justicia (aunque pica en punta su mano derecha Marcela Losardo), Fernández conoce los pasillos de Py y del Palacio de Tribunales. ¿Quiénes serán sus interlocutores allí? ¿Querrá tener él la línea directa? ¿Qué rol ocuparán Juan Manuel Olmos, el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Julio Vitobello, o el ex ministro Alberto Iribarne?

Por lo pronto, ya envió varios mensajes. El primero, pocos días después de las PASO: “la Corte nunca hizo algo que me hiciera reaccionar en términos de derecho; seguramente dictaron decisiones que no me gustaron, o que me gustaron menos que otras, pero todas estuvieron fundadas". Las palabras del Presidente electo cayeron bien en el cuarto piso del Palacio.

Ahí mismo, el power trío compuesto por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se dedicó en el último año a enfrentar a Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte y muy cercano al (hasta el 10 de diciembre) oficialismo. De manera menos pública llegaron otros dos mensajes: que no hay una intención de ampliar la composición de la Corte y que cualquier cambio en la composición actual supondría la llegada de una mujer.

La Corte tiene entre sus papeles algunas cuestiones que Fernández criticó. Entre ellos, está el estado de las prisiones preventivas. En el país, aproximadamente la mitad de los presos están encarcelados sin sentencia firme. Si bien hubo épocas donde ese número sobrepasaba el 60, la situación actual incluye cárceles colapsadas y en emergencia.

La otra punta que podría llegar a la Corte es la legitimidad real de los arrepentidos. La ley emblema del macrismo enfrentó muchísimas críticas dentro de los ámbitos académicos pero logró tener buena imagen gracias a la causa de los cuadernos. La semana pasada, un fiscal federal cuestionó fuertemente a Claudio Bonadio y a los arrepentidos en ese expediente.

“Lo que quiero es que hagan Justicia, algo que se olvidaron de hacer algunos de ellos los últimos años”, dijo Fernández cuando habló de Py durante la campaña. Con muchos de los integrantes de Retiro compartió clases y a otros los conoce desde hace años. ¿Llevará adelante el proceso de “renovación”? ¿Qué jueces se irán durante los primeros meses de gobierno?

Aquí entra también el rol clave del Consejo de la Magistratura, el lugar donde se abren las investigaciones que pueden derivar en juicios políticos contra los jueces y donde se deciden las ternas de quienes quieran entrar al mundo judicial. De 13 miembros, lo que todo Gobierno aspira es a tener un piso de siete consejeros, lo que significa una mayoría simple. Para enviar a juicio político o para aprobar ternas se necesitan nueve votos, lo que significa que el consenso se vuelve vital. De todas formas, la Corte tiene en estudio un expediente que podría cambiar la cantidad de integrantes del Consejo y conformar un nuevo orden de fuerzas.

¿Y Cristina? La vicepresidenta electa ha pasado gran parte de sus últimos dos años en los tribunales federales. Cuadernos, Hotesur, Los Sauces, Memorándum con Irán, Dólar Futuro son las causas que todavía no tienen fecha de juicio ni estimación real de cuándo podría ser. El debate por la causa Vialidad está recién en sus comienzos (CFK ni siquiera declaró) y todo parece indicar que extenderá hasta bien entrado el 2020.

El tema de los fueros de Cristina fue eje de campaña. A partir del 10 de diciembre no los tendrá más. Para removerla de su cargo, deberá atravesar un juicio político donde los representantes de Diputados serían los acusadores y los miembros del Senado, los juzgadores. Sólo podría ser despojada de su cargo si se consiguen los votos de los dos tercios.

En el medio, Comodoro Py podría mostrarle sus garras a varios funcionarios (y ex's) del macrismo. La relación entre Cambiemos y los jueces federales nunca fue del todo buena y en los últimos meses se terminó de destapar. Ahí es donde Alberto Fernández no quiere entrar. La premisa es que los jueces hagan lo que tengan que hacer con los investigados: a la justicia, lo que es de la justicia.