Homicidios, abuso sexual y el caso George Floyd: radiografía de la Policía de Tucumán

Las leyes, promulgadas en dictadura, respaldan una situación alarmante. En los últimos dos meses, la fuerza secuestró autos a taxistas y buscó contratar a un represor de la dictadura militar.
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El viernes 22 de mayo, el cuerpo del peón rural Luis Espinoza es hallado inerte. Tiene una bala en la espalda, que salió de un arma reglamentaria perteneciente al oficial José Morales, de la policía de Tucumán. Un mes después, Walter Ceferino Nadal corre a metros de la Casa Histórica de la Independencia, en pleno centro de la Capital, para escapar de un grupo de seis efectivos. Es aprehendido, reducido en el piso y padece sobre su nuca la rodilla de un agente de 80 kilos. “No puedo respirar”, suplica, cual George Floyd local. Se desvanece y muere en el hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Las dos escenas ponen de manifiesto -en la agenda pública- un flagelo que azota a la provincia: la brutalidad policial, que es avalada por las leyes desde hace 50 años. ¿Cómo la legislación apaña la violencia institucional? Las fuerzas de seguridad del distrito proceden amparadas por dos normas. La Ley Orgánica, sancionada en 1970; y el Código de Contravenciones, promulgado en 1980 y declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2010.

Son normas que convalidan detenciones ilegales, al traducirlas como “contravenciones del desorden”. “Es totalmente legal que esto ocurra, por la Ley Orgánica“, se lamenta ante El Canciller Benito Allende, abogado de los familiares de Ceferino Nadal.

El cuadro de situación se agrava al escarbar más profundo y comprobar que las fuerzas de seguridad acobijan a los efectivos que poseen causas abiertas por homicidios agravados. Cuando un agente comete un crimen, el reglamento indica que se debe someter al mecanismo de pasivo por proceso. Luego de la acusación, es separado de la fuerza por un lapso de dos años y se le quita el arma reglamentaria, pero permanece habilitado para utilizar el uniforme y prestar servicio en una dependencia oficial, con goce de la mitad de su sueldo. Si a los dos años no se produce una sentencia firme en el caso, el policía puede pedir su reincorporación.

“Todas las personas que están bajo una investigación judicial abierta, son apartados de la fuerza y están fuera del ámbito de prestar un servicio”, se defiende ante El Canciller el secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibáñez. Aunque admite que si transcurren dos años sin dictamen en el proceso, el uniformado regresa.

“Es una absoluta mentira. No todos los policías que tienen proceso abierto están separados. Los asesinos de Facundo Ferreira (NdR: niño de 12 años acribillado en 2018), son dos y uno sigue formando parte de la Policía, también los asesinos de Miguel Reyes Pérez (NdR: víctima de gatillo fácil en 2017). Hay tres efectivos acusados de homicidio agravado que continúan hoy en la fuerza, las dos causas están elevadas a juicio”, replica la periodista local Mariana Romero, especializada en la temáticaY agrega que el Poder Legislativo tiene una deuda de 50 años con los tucumanos.

Las fuerzas de seguridad acobijan a los efectivos que poseen causas abiertas por homicidios agravados.

El Canciller se comunicó con Gerónimo Vargas Aignasse, vicepresidente 1° de la Legislatura provincial, presidente de la Comisión de Seguridad e hijo del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en 1976 durante la dictadura militar. “Tenemos un problema, como muchas provincias del país, y declaramos la emergencia provincial en materia de seguridad. Con la Policía hay una clara preocupación, debemos capacitar más y hacer una reforma, es real. Hay que trabajar nuestro paradigma del delito, la Policía de Tucumán no está formada para ejercer la prevención“, reconoce. No obstante, advierte que “no toda la sociedad quiere que esto cambie, hay sectores concentrados de derecha que prefieren una Policía abusiva a una que no actúe“.

Por otra parte, el legislador apunta a la Justicia: “Es fácil ser delincuente en Tucumán. Robás y salís como si nada, los porcentajes de condena que tenemos son muy pequeños. Hay un servicio de justicia penal que no ha sido satisfactorio, es un sistema que favorece al delincuente. Estamos preparando una reforma para frenar la puerta giratoria. Además, buscamos cambiar el régimen contravencional por un código de convivencia urbano”.

Cursos de formación con un imputado por delitos de lesa humanidad

En los últimos dos años, el Ministerio de Seguridad avanzó en la implementación de cursos que -según apuntan las autoridades- buscan instruir a las fuerzas policiales para que hagan un uso racional de la fuerza y traten a todas las personas con equidad de género. En época de cuarentena, esas actividades se trasladaron a la virtualidad.

La organización de Derechos Humanos H.I.J.O.S Tucumán denunció que quien iba a estar a cargo de uno de los cursos en estos meses era Enrique Stel, un ex funcionario de Seguridad de la provincia que fue imputado por delitos de lesa humanidad en contra de 51 víctimas.

“En nuestra programación, él se presenta como postulante para ser coordinador de uno de los cursos que figura en la plantilla. Pero no lo hemos incorporado, no tenemos vínculo, no es el adecuado para que dictara clases, lo descarto en absoluto“, responde Ibáñez, secretario del Ministerio.

Al parecer, buscó justificar lo indefendible. Es que el propio Ministerio lanzó un spot con el represor Stel invitando a participar de un curso de Derecho en Ejecución Penal, que él iba a dictar. Tras la acusación pública de H.I.J.O.S, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos tucumana informó que la capacitación, destinada para personal del Servicio Penitenciario, no iba a tener a Stel como profesor.

Escándalo por el secuestro de autos a taxistas

En medio de la violencia institucional, la Policía de Tucumán también fue noticia por un mecanismo insólito de retención de automóviles a taxistas que ingresan a la provincia instados por los mismos efectivos. El manejo, básicamente, es el siguiente: en el paso limítrofe con Santiago del Estero, los uniformados les piden a los choferes -quienes llegan con personas desde otros distritos- que atraviesen el control sin el permiso para entrar a la provincia, necesario por las restricciones que rigen a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.

Cuando los conductores llegan a la terminal, sin el certificado correspondiente, son sancionados por su infracción. La Fiscalía les abre una causa penal en su contra y les solicita una “donación” al sistema de Salud provincial para cerrar el proceso. Ese monto de dinero, como mínimo, parte de los $40.000. Los taxistas necesitan irse impolutos, porque con antecedentes no pueden seguir teniendo licencia.

“Ingresar al territorio de la provincia sin el certificado no está permitido por la ley nacional. Además, un taxi que deje a un pasajero abandonado en el límite fronterizo es a todas vistas ilógico. La Ley nacional habilita a secuestrar el auto ante este incumplimiento legal”, afirma el secretario Ibáñez ante la consulta de este medio.

La pelea por Ceferino Nadal

Mientras la fiscal de Homicidios Adriana Giannoni lleva adelante la investigación penal, el Ministerio de Seguridad decidió librar una disputa pública con la familia de Nadal. A la espera de los informes médicos finales y la resolución de la Justicia, el ministro Claudio Maley vociferó por los medios de comunicación que la víctima era un delincuente.

“No quiero condenarlo por su pasado, pero este señor era un delincuente y una persona con adicciones, yo tenía una carrera muy corta en la fuerza policial cuando este hombre incursionaba en el delito”, suma Ibáñez.

El caso, con dilemas aún no dilucidados, ha instalado una grieta en la sociedad tucumana. La autopsia preliminar sobre el cuerpo de Nadal indicó que había sufrido asfixia mecánica, lo que condice con los testimonios que escucharon al hombre de 43 años rogar para poder respirar. La otra posibilidad, que alientan desde la Policía y una porción de la población, es que haya muerto de un infarto por el estrés de la situación. Resta conocerse el informe complementario a la autopsia.

“Hemos puesto todo a disposición de la Justicia para que el hecho se esclarezca. De lo poco que hemos visto en las grabaciones, la acción de los tres empleados policiales próximos a la víctima fue de reanimación. Particularmente, me resulta creíble la teoría del infarto. Era una persona obesa, que corrió 200 metros para evitar que lo atraparan después de cometer un delito. Conociendo su fisionomía, era una persona de riesgo”, analiza el secretario de Seguridad.

El legislador Vargas Aignasse -previa aclaración de que “si los informes médicos y la justicia dicen que los efectivos actuaron de manera incorrecta, habrá que tomar las medidas correspondientes”- también avala la teoría del infarto: “Nadal comete un delito en un kiosko. Es una persona de 120 kilos, con problemas de adicción. Corrió cuatro cuadras, hizo un esfuerzo físico al que no estaba habituado. Un policía le apoyó su rodilla en la nuca, pero esa no puede ser la causa de muerte. La asfixia puede haber sido porque le faltó el aire, o por miedo y agitación extrema. Eso te puede llevar a un colapso. No creo que en este caso haya habido un abuso policial”.

Este miércoles, el médico forense Adrián Tula Rizo, que examinó el cuerpo de Nadal, dio información esencial al diario La Gaceta: “La signología encontrada durante la autopsia médica legal practicada nos indica que, probablemente, el causante sufrió en vida la compresión violenta del cuello, lo que produjo la interrupción normal del paso de aire a la vía aérea y del flujo sanguíneo desde y hacia el cerebro (mecanismo isquémico) produciéndose asfixia de tipo mecánica, con anoxia irreversible y muerte, los cual será confirmado o descartado por estudios anatomopatológicos”.

El Ministerio promocionó un curso que iba a dictar Enrique Stel, imputado por delitos de lesa humanidad en contra de 51 víctimas.

“El Ministerio de Seguridad desde el primer día ha interferido en el accionar de la Justicia para justificar el procedimiento ilegítimo y arbitrario de la Policía. Cuando Nadal está reducido, tiene dos personas arriba y un agente le pega una patada en la cabeza. Eso no esta en ningún protocolo, no pueden decir que ese accionar es propio de un Estado de Derecho. Al secretario de Seguridad hay que solicitarle el juicio político, la reanimación de la que habla fue una puesta en escena. Es totalmente falso que Nadal tenía problemas de salud. Si tuviera patologías preexistentes, hubiesen mostrado su historia clínica”, retruca el letrado de la familia Nadal.

En tanto, opina que desde el Ministerio de Seguridad están provocando una revictimización en los familiares. “Dan elementos incorrectos a la sociedad y fomentan el odio y la violencia en forma innecesaria. Tratan de encubrir y justificar la brutalidad policial estigmatizando. Ante el fracaso de las políticas preventivas de seguridad, es mucho más fácil deslindarse de esa responsabilidad y buscarlo en otro estamento del Estado, o, como en este caso, en la víctima ya fallecida”, reflexiona, con enojo, al otro lado del teléfono.

Abuso sexual y más violencia

La última denuncia de brutalidad sobre las fuerzas de seguridad la radicó hace unos días Roxana Monteros, una mujer del municipio de Lastenia. Acusación que incluyó delitos sexuales. Según dijo, la Policía montó un operativo de allanamiento en su casa para buscar a su hermano, sin una orden de un juez. Abrieron la puerta de la habitación de Roxana de un golpe, la golpearon entre tres agentes y uno de ellos la abusó sexualmente. 

La violencia institucional se profundizó cuando le rechazaron el ingreso de la denuncia en más de una comisaría de la localidad. Ante la negación de las dependencias oficiales, Roxana recurrió a los medios de comunicación para visibilizar sus padecimientos y el caso llegó a Carlos Garmendia, un delegado local de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien sí la respaldó. El abogado presentó una denuncia en la fiscalía, donde la víctima pudo brindar su declaración.

Foto La Garganta Poderosa.

“Voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Nos hemos callado muchas cosas por miedo. No puedo permitir más esto. No quiero que maten a mis hijos. No tengo paz. Salgo acompañada siempre. No es justo porque yo no soy ninguna delincuente. Los hice responsable ante las cámaras de lo que me pueda pasar. Son unos delincuentes con uniforme que tienen que estar presos. Están para cuidar y no para causar tanto daño”, descargó Roxana ante el portal eltucumano.com. 

A modo de recapitulación, el abogado de la familia de Ceferino Nadal grafica la vulnerabilidad que atraviesa a la provincia. “El crimen de Nadal ocurrió en horario pico, en la vía pública, en una zona céntrica y turística y con cámaras de seguridad por todos lados. Si este hecho se puede provocar de esta forma y la brutalidad policial se puede reproducir en esa coyuntura, qué dejamos para el resto de las situaciones donde el personal de la fuerza no está siendo observado por la sociedad”, remata.