El recelo de Comodoro Py y la cuenta pendiente de Carrió: cae Rodríguez en la rosca del Consejo

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Luis Rodríguez, el juez de los diez millones de dólares, ya tiene quién lo investigue. El Consejo de la Magistratura inició el proceso de recolección de pruebas y unificó las cinco denuncias que había en su contra.

Oficios sobre tarjetas de crédito, viajes al exterior, declaraciones juradas y algunos otros detalles son algunas de las medidas que esperara ahora el consejero Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y quién quedó a cargo de la investigación.

Molea fue señalado por Elisa Carrió como un hombre relacionado con Aníbal Fernández. Representante de los académicos, el Gobierno lo contaba el año pasado como voto propio y el sector opositor como un “independiente”. Hay que recordar que Lilita tiene su propia batalla en el Consejo, donde no consiguió colocar a ninguno de sus lilitos, por lo que continúa como un sector exclusivamente dominado por la mesa judicial macrista.

El juez Rodriguez, señalado por Carolina Pochetti (la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner) en su declaración como arrepentida, va a ser notificado de todo lo que suceda. Además de la evolución de su patrimonio, se solicitaron informes para constatar si existe algún reporte de operaciones financieras sospechosas (R.O.S); un oficio al Registro de la Propiedad Automotor y Registro de la Propiedad y un pedido a Migraciones para conocer los ingresos y egresos del juez durante el último año.

“No es Chiche, eh”, comentaba esta semana un juez que lo conoce bien a Rodríguez. “Chiche” es Eduardo Freiler, el camarista que fue destituido en 2017 luego de un juicio político donde se cuestionó su desempeño y su patrimonio. Freiler estaba desde el día uno en la lista negra del macrismo, además.

La investigación en el Consejo apunta a determinar si efectivamente hubo un desempeño fraudulento por parte de Rodriguez en alguna causa. La línea es bastante delgada: hay magistrados que afirman que no se puede iniciar un juicio político contra un juez por el contenido de sus sentencias. Afirman que las partes (un fiscal, una querella, las defensas) pueden siempre recurrir a otras instancias que revisan y en todo caso corrigen al juez. “Un error no es delito”, recordaba la semana pasada un abogado que suele caminar por Comodoro Py.

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Mientras llegan los informes, ya dos jueces se mostraron en contra de avanzar sobre ciertos aspectos de la denuncia. Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones consideraron que el Consejo no tiene entidad para pedir información que está bajo secreto fiscal y que sólo se podría acceder si es por pedido de un juez.

En caso de que se encuentre algo contra Rodríguez y haya una acusación formal, se dará inicio a la rosca y el poroteo que sea necesario para llegar a los nueve votos que se requieren para impulsar un juicio político. Todavía falta, pero, en un año electoral donde lo judicial es bandera del oficialismo, nada puede quedar librado al azar.

Está claro que la declaración de Pochetti disparó los comentarios en el Principado de Retiro, siempre señalado en voz baja como el lugar donde más especias se recibían a cambio de resoluciones (aunque nunca con una prueba contundente al respecto). En el Palacio de Tribunales, muchos estaban expectantes por las posibles consecuencias que podría traer el comienzo de una guerra de operaciones con el gobierno, la AFI y cierto sector de los servicios de inteligencia mezclados.