Por medio del Decreto 1048/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió cinco fondos fiduciarios, entre ellos el de "Asistencia Directa a Víctimas de Trata", a raíz de irregularidades detectadas en una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). "Hoy cerramos 5 cajas políticas más", publicó el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en su cuenta de X.

La decisión también incluye al "Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)", al "Programa de Inversiones Estratégicas", al "Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA)" y al "Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria". A través de un comunicado, el ministerio de Economía advirtió que todos ellos "registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados".

En este sentido, el decreto, que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Caputo, consideró que "resulta oportuna" su disolución "en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos".

TE PODRÍA INTERESAR:

La norma establece también que "continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación".

Sobre el cierre de aquel destinado a la "asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas", el Ejecutivo precisó que el Informe de Auditoría de la SIGEN señaló "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".

Sin embargo, Economía aclaró en su comunicado que "mantendrá los objetivos y finalidades" de la Ley 26.364 -que previene y sanciona estos delitos y dispone la asistencia a sus víctimas- "y por tanto dispondrá la continuidad y atención" a los damnificados. Al respecto, precisó que lo hará "a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia".

Asimismo, subrayó que el objetivo de las disoluciones es "resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales".