Este viernes se realizó la primera audiencia pública para definir los futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde los distribuidores Edenor y Edesur pidieron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) un incremento del 90% en promedio.

También, en línea con lo que sucede con el gas, las compañías del sector reclamaron algún tipo de mecanismo de actualización mensual, que podría ser el índice de precios mayoristas del INDEC. De todos modos, el Gobierno es el que tiene la última palabra, ya que las audiencias no son vinculantes.

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El objetivo de la secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, es que las tarifas que reciben los usuarios reflejen el costo del suministro, algo que, a pesar de que se realice de manera escalonada, implicará fuertes subas que llegarán a los hogares a partir de marzo. 

En paralelo, la dependencia define un nuevo esquema de subsidios que comenzará a regir desde abril, en reemplazo de la vigente segmentación por ingresos, y para el cual también deberán realizar una consulta pública como paso previo a su aplicación.

La nueva modalidad incluirá la conformación de una canasta básica energética, que se conectará con los ingresos totales del grupo conviviente y donde el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad.

En las notas enviadas por ambas empresas al ente regulador se consignó que, sin contemplar la revisión integral pendiente, Edenor necesitará ingresos por $521.000 millones para cubrir su déficit y Edesur $330.000 millones.

A través de la Resolución 2/2024, publicada a principios de enero en el Boletín Oficial, el ENRE estableció que este encuentro se llevaría a cabo “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica, tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”.