Lejos de llegar a su fin, la disputa entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga por una serie de aumentos considerados desmedidos generó una nueva polémica después de que el Ejecutivo presentara una nueva fórmula para calcular cuáles deberían ser los montos legalmente facturados en los últimos meses y de que la Justicia fallara en consonancia, luego de la marcha atrás con la desregulación habilitada por decreto y de una investigación por cartelización. Ahora,  los afiliados objetaron el mecanismo de actualización presentado la semana pasada por un juez en lo Civil y Comercial federal ante el planteo oficial por la suba desmesurada de los valores de las cuotas.

"Esta fórmula aplica un coeficiente de aumento o actualización sobre un monto que ya había sido aumentado vía resolución 2577/2022", sostiene el nuevo reclamo, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Y agrega: "La suma de la factura correspondiente a diciembre tenía aplicado el porcentaje previsto por la resolución citada. En caso de aplicarse la fórmula a la que insta la sentencia estaríamos frente a un nuevo perjuicio como afiliado".

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La Justicia ordenó el viernes pasado que las prepagas reintegren el dinero cobrado de más y limiten las subas al índice de inflación. En la sentencia al respecto, el juez federal Juan Rafael Stinco hizo lugar a la medida cautelar presentada por el ministerio de Salud y, además, estableció un plazo de cinco días para que las compañías presenten un plan para efectuar las devoluciones.

En caso de que los afiliados hubieran abonado las facturas con los incrementos dejados sin efecto por esta decisión, la diferencia resultante entre dicho importe y el cálculo de actualización establecido, constituye un crédito a favor de cada uno de ellos", remarcó Stinco en su resolución.

Esta decisión judicial responde a la presentación de la cautelar por parte de la cartera sanitaria nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, con el objetivo de que las empresas de medicina privada le reintegren a los afiliados los montos cobrados en exceso; y va de la mano con la medida que el Gobierno anunció el día anterior, cuando confirmó la nueva fórmula para actualizar los valores de las cuotas.

A través de la secretaría de Comercio, dependiente del ministerio de Economía, se informó que  las prepagas tendrán que tomar como base la factura de diciembre de 2023 y, a partir de ese monto, sumarle el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, es decir, un 93,3% como tope máximo de aumentos para abril y un 114,6% para mayo.

"Los valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023", según informó.

Entre quienes se oponen a este mecanismo de ajuste de las tarifas se encuentra el periodista Samuel "Chiche" Gelblung, quien a través de su abogada, Valeria Carreras, presentó la causa judicial 1596/2024, que recayó en el juzgado Civil y Comercial número dos, a cargo de Marcelo Dos Santos.

Gelblung denunció que, a raíz del nuevo cálculo, quedó "expuesto a una suerte de anatocismo (es decir, un tipo de interés compuesto o intereses sobre intereses) o, de mínima, a la doble imposición de aumentos superpuestos".