Los rumores que empezaron a circular con fuerza el viernes con relación a la posible suspensión del cupo mensual para la compra de dólares, aunque luego desmentidos, pusieron en relieve la dinámica insostenible que presenta actualmente el frente cambiario. Más importante aún, empieza a traslucir indefiniciones macroeconómicas y concepciones diferentes en el seno del gobierno, que debe evitar el riesgo de que la flexibilidad y el pragmatismo que ha mostrado hasta el momento comience a confundirse con una falta de orientación precisa.

Dimensiona la situación de debilidad económica del país que no pueda sostenerse la compra de moneda extranjera por un cupo nimio como 200 dólares. Pero nunca es triste la verdad: lo cierto es que los 4 millones de personas que hicieron uso de su cuota suponen una merma de 800 millones de dólares al mes. Para tener una idea, ese monto equivale a más de la mitad de las divisas del superávit comercial registrado en julio y cerca de un 8% de lo que se calcula quedan de reservas netas en el Banco Central, es decir, de dólares con los que se puede hacer frente a esa demanda.

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Mientras que la brecha entre el dólar oficial y los alternativos se mantenga a estos niveles superiores al 80%, es más probable que el número de compradores crezca mes a mes o, al menos, se mantenga. De la misma manera, hará que la oferta se retraiga lo máximo que puedan esperar los exportadores en busca de mejores precios de liquidación.

En ese marco, el curso de acción que defendió el Ministerio de Economía hasta ahora estuvo centrado en tratar de generar las condiciones para que las expectativas de devaluación, expresadas en el valor del dólar paralelo, se reduzcan. El más importante de estos drivers es el arreglo de deuda, cuyo anuncio no descomprimió la presión sobre la moneda pero que, una vez concretado, debería contribuir a reducir el nivel de incertidumbre.

Sin embargo, las distancias entre las distintas cotizaciones ya se agudizaron demasiado como para creer que habrá un súbito cambio de sentimiento en el mercado. El acuerdo con los bonistas podrá haber despejado un escenario catastrófico, pero llevará tiempo hasta que el sector privado pueda acceder de nuevo a financiamiento externo. Por otra parte, se ingresa al último cuatrimestre del año donde las divisas del agro menguan, agravado esto por una sequía cuyo impacto en la cosecha aún está por verse. El panorama, entonces, invita a ser cautos respecto a la idea de que solo se trata de resistir un poco más hasta que se reconstituya la confianza y el ingreso de divisas permita que la brecha se reduzca.

Guzmán y Pesce durante una reunión del Gabinete Económico. Foto: Irina Sanchez/ prensa Jefatura de Gabinete de Ministros.

Bajo este escepticismo y apremiado por los tiempos es que desde el BCRA se instaló la necesidad de restringir aún más la compra de dólares, anulando el cupo actual. Para la autoridad monetaria representa una de las pocas alternativas que tiene a mano en pos de frenar el drenaje, pero lo cierto es que aquello se parece poco a una solución. Suspender el “dólar solidario” priva al mercado blue de su principal canal de abastecimiento, además de que refuerza su demanda. Si bien en lo inmediato le permitiría al Banco Central preservar reservas, rápidamente las nuevas restricciones se trasladarían a los precios de los dólares alternativos, aumentando así los desequilibrios que podrían llevar a una devaluación no gestionada.

Por lo pronto, la decisión presidencial tomada el último fin de semana parece haber sido la de no innovar y esperar hasta por lo menos septiembre para, con la reestructuración consumada, evaluar algún cambio positivo en la dinámica cambiaria que permita hacer sostenible el actual régimen. Pero el camino que se defina adoptar a partir de allí implica mucho más que una decisión operativa sobre cómo desatar un nudo específico. En la tensión evidente que existe entre el BCRA y el Ministerio de Economía se ponen en juego los fundamentos de la hoja de ruta a seguir. En particular, la resistencia del ministro Guzmán a reforzar los controles no sólo debe interpretarse en vista de la futilidad de la medida en el mediano plazo, sino de lo perjudicial que resulta para la normalización de la economía que, desde esa cartera, se propuso como principal objetivo y condición necesaria para retomar un sendero de crecimiento.

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En efecto, la única forma de tener algún día una macro ordenada es construyendo la percepción de que se está recorriendo una transición hacia ella. Dar pasos hacia más restricciones y excepcionalidades es brindar la señal opuesta a ese rumbo. Si el término no generara tanta suspicacia, podríamos decir que de lo que se trata, en definitiva, es de reconstruir un “clima de negocios” que permita a los actores económicos abandonar la actitud defensiva en la que están inmersos desde hace por lo menos dos años. Tranquilizar la economía, el caballito de batalla del ministro, significa en particular eso: garantizar un marco mínimo de previsibilidad que permita a los agentes proyectar el futuro en términos de oportunidad, y no solamente en función de la elusión de amenazas.