En medio del escándalo con la criptomoneda $Libra que involucró al presidente Javier Milei -quien reconoció que se comió "un cachetazo" por "difundirla" mientras hay 112 denuncias en su contra como partícipe de una "megaestafa"- desde el Ejecutivo buscan poner quinta a fondo y adoptar nuevas medidas para impedir más casos de fraude con este tipo de divisas digitales y morigerar los daños para los inversores.

Las medidas ya estaban en estudio, pero se decidió acelerar con ellas en momentos en que la oposición kirchnerista y de izquierda lanzó una ofensiva contra el mandatario libertario por haber promocionado el token del "Viva la Libertad Project", que habría provocado perjuicios estimados por entre USD 80 millones y USD 100 millones a miles de personas.

Por esto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza hacia una regulación más rigurosa del sector cripto.

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La CNV obligará a que las empresas presenten información sobre acuerdos con terceros y detalles sobre la referencia de clientes, según reportó la agencia NA, para tener mayor datos acerca del respaldo que tienen estas firmas, muchas de las cuales son casi desconocidas.

La Cámara Argentina de Fintech apoya esta aceleración regulatoria, ya que consideran que será clave para que esta industria pueda masificarse en el país dentro de un marco legal, ya que en la entidad están preocupados por el impacto negativo que el criptogate tenga sobre un negocio que en la Argentina estaba haciendo punta.

En el momento de ser lanzado el pasado viernes, el token $Libra no se encontraba en las principales billeteras digitales registradas en el país, a pesar de lo cual Milei lo difundió. En medio de un gran revuelo y fuertes críticas, el Presidente luego retiró el tuit en el que promocionaba el caso, lo que exacerbó el desplome de la cripto considerada una memecoin, es decir un tipo de activo con bajo nivel de seguridad.

La nueva regulación impondrá, entre otras cosas, un patrimonio neto mínimo para poder registrarse ante la CNV a las empresas intervinientes.

Hace casi un año, el organismo que preside Roberto Silva, lanzó el primer registro para los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV), es decir las firmas que permiten que los usuarios locales se vinculen con la criptoeconomía mundial. Se trata de aquellos que ofrecen servicios relacionados con activos virtuales como criptomonedas y tokens digitales, entre otros basados en lo que se conoce como "blockchain".

Desde entonces, algo más de 120 compañías se sumaron a dicho registro. No obstante, el organismo nacional ahora ultima los detalles de una normativa un poco más extensa, donde además de incorporarse a esa lista se les exigirá la información relativa a sus pactos con terceros y referencia de clientes. La expectativa es que, ante esto, la cantidad de autorizados a operar en el territorio argentino se reduzca drásticamente, aunque los plazos de adecuación que podrían solicitarse harían que la regulación entre en vigencia plena recién a fin de año.