El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el martes pasado fin a la inmensa expectativa que se había creado en torno a las primeras medidas económicas del Gobierno de Javier Milei con un paquete de urgencia para “evitar la catástrofe”, duramente criticado por el sindicalismo, la izquierda y algunos sectores de la oposición por su impacto sobre el sector privado. 

Para el mandatario, "el 60% del ajuste recae en la política y el 40% en el sector privado”, lejos del análisis que hace el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, quien aseguró que la propuesta del libertario impacta mucho más sobre "la gente de bien" que sobre "la casta". "El Presidente debería salir a explicar por qué la 'motosierra' al final aterriza en un lugar distinto al que imaginaban quienes confiaron en él”, apuntó.

En ese sentido, el extitular del Banco Central calculó que, del ajuste total estimado en 5,1% del PBI, un 4,2% deberá pagarlo el sector privado y el restante 0,9% lo hará el público, lo que significaría que el 82% caería sobre el primero.

“El Presidente deberá hacer un esfuerzo muy grande para empatizar con quienes inexorablemente se sentirán defraudados. Él debe salir a explicar por qué la "motosierra" al final aterriza en un lugar distinto al que imaginaban quienes confiaron en él. Y lo debe hacer sin intermediarios, ya que su credibilidad está en juego”, resaltó.

Sin embargo, Prat-Gay acompañó la decisión del ajuste, al subrayar que “el descalabro de la gestión de (Sergio) Massa y el cuarto gobierno kirchnerista” hicieron “inevitable” tomar esta medida.

Por su parte, el economista Diego Giacomini realizó un análisis un poco más moderado que el de el exministro, pero a su vez más duro que el de Milei. 

Para Giacomini, el sector privado paga el 63% del ajuste, aunque confesó: “Tal vez sea la primera vez que Alfonso Prat Gay tenga razón y yo no”.

El exsocio de Javier Milei hizo números “menos dolorosos” para el sector privado, aunque en la misma línea de su colega. En un cuadro publicado en sus redes sociales estima en 3,3% del PBI el “ajuste que paga la gente”, y en 1,9% el ajuste “que paga la casta”, totalizando un 5,2% del PBI. 

Es decir, “el 63,5% del ajuste lo paga la gente y el restante 36,5%, el sistema”, concluyó.

Entre las primeras diez medidas del Gobierno nacional que conforman el denominado "paquete de urgencia económica", destacan el aumento del dólar oficial a $800, el cese de la obra pública financiada por el Estado, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

El paquete de medidas de urgencia generó manifestaciones de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Cámara de Comercio, el campo y dirigentes de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y fue rechazado enérgicamente por Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones piqueteras.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dio su respaldo, al manifestar su “beneplácito” por “las medidas decisivas” anunciadas por Gobierno, a las que consideró como “un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país".

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó la decisión del Gobierno de poner "en equilibrio" las cuentas públicas, al señalar que generan la inflación que "perturba la vida de todos los argentinos".  

En la misma línea se expresaron las entidades rurales, al remarcar que las medidas anunciadas por el ministro de Economía sinceran las variables de la actividad. 

Desde el arco político, el paquete de medidas fue apoyado por algunos dirigentes radicales y de la Coalición Cívica, y rechazado por el peronismo en el poder hasta el domingo pasado.

La legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto puntualizó: "Los argentinos entendemos que la crisis es grande y que así no podemos seguir.

Por el contrario, para el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, “Milei le declaró la guerra económica al pueblo argentino, sin distinguir entre clases medias, pobres, trabajadores formales e informales”. "No hay ajuste, hay transferencia de ingresos en favor de los que ganan cuando a la Argentina le va bien, pero sobre todo cuando le va mal", opinó.

Desde la izquierda, Nicolás Del Caño remarcó que Caputo propone “devaluación de más del 120%, tarifazos, congelamiento de programas sociales”. “Una declaración de guerra a la mayoría trabajadora con un salto brutal de la inflación y el saqueo del bolsillo de las y los trabajadores. El plan motosierra es contra el pueblo”, enfatizó.

El dirigente del Frente Patria Grande e integrante de Unión por la Patria Juan Grabois dijo que Caputo anunció "un asesinato social sin inmutarse como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas".

Por su parte, la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) calificó las medidas como "un Rodrigazo" para los trabajadores y convocó a un "paro activo" el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo.