El Gobierno nacional prohibió este miércoles que las Convenciones Colectivas de Trabajo impongan aportes obligatorios en beneficio de las cámaras empresariales. En este marco, estableció que quienes no son afiliados a ellas estarán exentos de pagar contribuciones "salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente".

La decisión se difundió por medio del Decreto 149/2025 publicado en el Boletín Oficial, en el que el Ejecutivo advirtió que se trata de una práctica "carente de sustento normativo" y precisó que "afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad".

En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida porque "termina con un importante privilegio de la casta", es decir, "poder establecer 'impuestos privados' para beneficio de privados".

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"Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Convenios Colectivos 14.250 de (el expresidente Juan Domingo) Perón, actúan como el instrumento central de la construcción del modelo de la casta", sostuvo el funcionario en su cuenta de la red social X y precisó: "En su artículo 9, por ejemplo, obliga al trabajador no sindicalizado a aportar a un sindicato que no eligió. Es la base de la arquitectura del poder sindical".

Además, denunció que "tanto empresarios (no todos) como gremialistas, han logrado ir 'colando' otras contribuciones para fines totalmente ajenas al objeto de la negociación salarial" y precisó que la secretaría de Trabajo "no homologará ni registrará convenios colectivos que contengan este tipo de cláusulas".

"La Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo", insistió Sturzenegger y alertó: "Pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades".

En este sentido, subrayó que "la creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento". 

Asimismo, aseguró que en el sector comercial "estas contribuciones alcanzan los ¡6.000 millones de pesos por mes!" y puntualizó: "¿Quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio".

En cuanto a la normativa publicada este miércoles, el Ministro detalló que establece un plazo de 90 días "para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar".