El Gobierno argentino efectivizará la semana próxima el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de los vencimientos previstos para octubre, que rondan los US$ 2.600 millones, con los fondos del nuevo swap de monedas acordado con China.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó el último miércoles que el país va a "precancelar los vencimientos para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema", luego de que el presidente Alberto Fernández firmara con su par chino, Xi Jimping, la suscripción de un nuevo swap con China por US$ 6.500 millones.

El calendario del FMI preveía tres vencimientos con el país: el 6 de octubre por US$ 1.280 millones, el 12 por otros US$ 640 millones y el 31 por US$ 673 millones, aunque en los hechos pueden ser saldados todos juntos a fin de mes, sin cuestionamientos por parte el FMI, que ya avaló en el pasado esta práctica.

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Dadas las escasas reservas, los pagos al Fondo deberán realizarse con los fondos obtenidos a través del nuevo swap con China, que son recursos de libre disponibilidad, según aclararon esta semana funcionarios técnicos del Gobierno, como Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía.

El funcionario precisó que los fondos obtenidos del nuevo acuerdo de swap con China se podrán usar para importaciones, pagos externos o intervención en el dólar Contado con Liquidación y MEP, que, según comentó a través de X, "el Gobierno espera que bajen y se alejen de los valores de pánico recientes".

Argentina utilizó por primera vez los yuanes de libre disponibilidad del intercambio de monedas con China para pagar al organismo internacional en junio último, cuando se demoraba la aprobación de la quinta revisión del programa, que luego fue aprobada junto con la sexta, a fines de agosto.

La próxima revisión con el Fondo, para destrabar más recursos, será en noviembre, y todo indicaría que comenzará formalmente una vez conocidos los resultados de las elecciones presidenciales.

"Es de interés para el FMI seguir trabajando con la Argentina con un consenso tan amplio como sea posible para garantizar la estabilidad y la prosperidad del país", afirmó la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, durante su último contacto con la prensa a fines de septiembre último.

El 23 de agosto la Argentina recibió un desembolso de US$ 7.500 millones, luego de que el Directorio del organismo aprobara la quinta y sexta revisión del acuerdo vigente. El giro se otorgó aún a pesar de que "los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas", según señaló el Fondo a través de un comunicado.

El FMI aclaró que hubo un cambio en las metas y medidas estipuladas inicialmente en el programa, y que "en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pagos, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal".

El Fondo plantea un escenario base de las expectativas macroeconómicas y de las metas del programa acordado: para 2023 prevé una caída del PBI de 2,5% "debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía y políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año", y mantuvo la meta anual de 1,9% del déficit fiscal.

No obstante, el Fondo prevé una recuperación en las cuentas externas hasta fin de año, en parte por el fin de la sequía y la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, lo que permitiría a la Argentina alcanzar la meta de acumular US$ 1.000 millones netos en 2023, según se desprende de los números que maneja el organismos multilateral.

Los técnicos del Ministerio de Economía y del Fondo venían negociando desde abril pasado una revisión del programa debido a los efectos de la sequía, que afectó la actividad agropecuaria, y por consiguiente las exportaciones y el ingreso de divisas. Finalmente, el 28 de julio último se concretó el acuerdo técnico y el staff del FMI elevó un informe al directorio ejecutivo, que lo aprobó luego del receso del verano boreal de principios de agosto.

Entre el acuerdo técnico y la aprobación del directorio se llevaron a cabo las PASO, tras las cuales el Gobierno dispuso una devaluación del 22%.