El Gobierno dictó la conciliación obligatoria ante la huelga de petroleros para evitar la falta de combustible
La medida oficial, que pone en suspenso el paro por 15 días, apunta a abrir el diálogo entre la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) y la cámara que representa a la patronal.
La secretaría de Trabajo dictó este jueves la "conciliación obligatoria" en el conflicto de petroleros, por lo que ya rige la medida para poner paños fríos entre los trabajadores -que reclaman por el impacto del restablecimiento del impuesto a las Ganancias- y la parte empresaria.
La intervención busca poner en diálogo a las partes, en este caso la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) y la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP).
El período conciliatorio rige por 15 días, y ambos sectores serán citados en la sede de la Secretaría. "De esta manera, los sindicatos deben dejar sin efecto su medida de fuerza a la espera de una nueva audiencia", afirmaron desde la cartera laboral.
El paro fue lanzado por la FASiPeGyBio, uno de los principales sindicatos del sector, en rechazo a que un grupo de sus afiliados quedó alcanzado nuevamente por el impuesto a las Ganancias tras los cambios reglamentados luego de la aprobación del paquete fiscal del Gobierno en el Congreso.
En un comunicado, el gremio había advertido que la provisión de combustible presentaría "inconvenientes tanto para todas las estaciones de servicio como para los aeropuertos, afectando a Aeroparque y Ezeiza primeramente". Y justificó su posición porque aseguró "haber agotado todos las instancias y los canales de diálogo con las autoridades".
A su vez, afirmó que la medida de fuerza, que ahora quedó en suspenso a la espera de los resultados del dictamen oficial, era "resultado de las asambleas realizadas en todo el país".
El sindicato también denunció el "avasallamiento a los trabajadores petroleros, perjudicados directamente por esta medida impositiva de la Ley 26.176, que discrimina a nuestros representados castigando el poder adquisitivo, el empleo de calidad y el pleno desarrollo de una actividad como es la del sector energético, estratégica para el progreso económico del país".
"Este impuesto improcedente alcanza a 6.000 trabajadores bajo convenio de refinerías, que también incluye a los trabajadores de las terminales de combustibles de los aeropuertos y a los que se encargan de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta en Puerto Rosales", puntualizaron desde la representación sindical.