Tras un prolongado y tenso debate, Diputados dio este martes media sanción y giró al Senado el Programa Compre sin IVA, que reintegra el 21% del impuesto en la adquisición con tarjeta de débito de los productos de la canasta básica, hasta un tope de $18.800. La Cámara baja dio luz verde para que la medida comience a regir desde el 1 de enero de 2024, aunque en los hechos ya se aplica gracias a un decreto de necesidad y urgencia.

El proyecto, impulsado por el Gobierno, sumó 134 votos a favor, entre ellos, del oficialismo, los bloques provinciales, la izquierda y los libertarios, y ninguno en contra, ya que el interbloque Juntos por el Cambio y otras bancadas minoritarias optaron por la abstención por considerar que se trata de una política "inflacionaria".

El debate se extendió durante casi cinco horas y contó con la participación de más de 35 oradores. En carácter de miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, del oficialista Frente de Todos, destacó que “con la devolución del IVA no hay razón para que los precios se muevan”. “Estamos convencidos de que este proyecto es superior a la idea de eximir del IVA a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes no se termina muchas veces, en general, evidenciando en los precios”, aseguró.

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Heller instó a la oposición a acompañar el proyecto, aunque inmediatamente después de finalizada su participación en el debate el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacacce anticipó la postura de Juntos por el Cambio de no hacerlo y de abstenerse en la votación.

"Estamos acá ante la posibilidad de ponernos de acuerdo en una política importante que tiene un montón de beneficios directos, porque van al bolsillo de la gente, y por lo tanto alientan al consumo y a la actividad económica. Además, la iniciativa ayuda a la formalización de la economía y, si bien tiene un costo fiscal, va a tener un beneficio en la recaudación de las provincias", opinó el oficialista Itaí Hagman.

En tanto, por el radicalismo tradicional, Víctor Romero dijo que el planteamiento de su bancada era poner un límite hasta fin de año al proyecto y “no como este que se está aprobando, que define una política para un gobierno que los argentinos van a votar en los próximos días”.

Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense-Interbloque Federal, justificó su acompañamiento al proyecto: "El 60% de los pibes recibe sus alimentos del Estado y el 40,1% de la población es pobre. El apoyo al acceso económico y físico a alimentos nutritivos es factor importante para ayudar a promover la seguridad alimentaria".

Desde el PRO, Germana Figueroa Casas argumentó: "Lo que se vota hoy no es una devolución de IVA, sino un subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan".

Por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli mostró las coincidencias con el resto de los diputados de Juntos por el Cambio: "Nadie puede estar en desacuerdo con aliviar la pesada carga impositiva que soportan las familias argentinas. Lo que no podemos es permitir que ese alivio se transforme en una pesadilla generando más inflación, que es el peor de los impuestos".

La iniciativa, que consta de nueve artículos, señala que la medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2024, y también que se faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficiarios alcanzados por la legislación.

En el artículo 1 se establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, así como los de asignaciones universales por hijo y de embarazo.

Serán alcanzados por este beneficio trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que se encuentren encuadrados en la Ley 24.977.

El proyecto precisa también que "están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo".

En el artículo 4 de la iniciativa se establece que "el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes".