En el marco de una causa en la que el país podría tener que pagar entre USD 1.000 millones y USD 6.0000 millones a cuatro fondos de cobertura por la presunta manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2013, la jueza estadounidense Loretta Preska falló a favor de la Argentina. Se trata de un juicio relacionado con el llamado "cupón atado al PBI".

Los defensores argentinos habían apelado un dictamen adverso fundado en un reclamo en el que los demandantes acusaban de una supuesta manipulación de datos por parte del entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas de los mencionados cupones.

La jueza del distrito Sur de Nueva York "Preska falla a favor de la República Argentina en el caso cupón PBI (2019)", indicó a través de la red social X el experto financiero de Latam Advisors Sebastián Maril, quien sigue de cerca la evolución de este tipo de litigios contra el Estado argentino en el exterior.

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Según agregó el especialista, la magistrada "no hizo referencia alguna a la decisión argentina de cambiar la fórmula del crecimiento de la economía para evitar el pago de intereses (INDEC)". "Se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían el derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos estipulados", agregó.

Los fondos querellantes creen que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI durante el gobierno de Cristina Kirchner, el país habría tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.

En otro tramo de su explicación, Maril aseguró que "existe otro caso presentado por los mismos demandantes y el Bank of New York como representante de todos los bonistas que aún sigue abierto". "Este segundo juicio, por USD 6.000 millones seguramente ingresó por la puerta correcta", consideró.

Al momento de hacer ese reclamo, según contó Maril, el Bank of New York (Trustee) pidió la inclusión como eventuales beneficiarios de un fallo adverso para la Argentina a todos los tenedores de cupones ligados a PBI regidos por la ley estadounidense, aunque no hayan iniciado acciones legales.

En el caso de que Preska hubiera accedido a conceder la petición, el monto a pagar hubiera podido pasar de los USD 1.000 millones originales hasta los USD 6.000 millones, según estimaciones.

Pese al resultado favorable, los cupones en cuestión atados al PBI tienen plazo hasta 2035, por lo que esta estrategia judicial de los acreedores se podría reiterar en los años próximos.