Esta disminución se explica principalmente por una caída de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que al 28 de febrero se ubicaban en US$42.839 millones. En esta disminución operan pagos y cambios en la cotización de los DEGs, que es la moneda del organismo en la que se imputan las operaciones.

El 34% de la deuda está nominada en moneda local mientras que, el 66% restante, en moneda extranjera.

A su vez, el 46% está en títulos y letras en moneda extranjera y el 20% está tomado con organismos internacionales. El 29% está expresado en títulos y letras en moneda nacional y un 4% son adelantos transitorios.

La deuda con el FMI que mantiene al borde de la fractura a la coalición gobernante y resulta el eje del debate público político y económico de la Argentina representa el 10,89% de los pasivos totales del país.

Respecto a febrero del año pasado, la deuda pública bruta total se incrementó en US$27.524 millones, que es equivalente a la mitad del préstamo que había solicitado originalmente en 2018 al FMI el expresidente Mauricio Macri (luego el programa se cortó cuando se habían acumulado desembolsos por US$45.000).

Si se compara con diciembre de 2019 al momento de la asunción de Alberto Fernández, la deuda pública del Estado argentino creció en US$71.085 millones, o sea un 1,6 veces más que el crédito que solicitó Cambiemos.

Entre las deudas con organismos internacionales también se destacan obligaciones de US$15.604 millones con el BID y de US$9.232 millones con el Banco Mundial.

En otro orden, la deuda ajustada por inflación sobre la cual muchos analistas ponen el acento, se ubicó en US$ 42.255 millones al cierre de febrero, representando el 10,72% del total.