El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones en “incentivos para la contratación” en forma de “parte integrante del salario” ¿Cuáles son sus puntos más importantes y qué posiciones hay al respecto?

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, se busca que los distintos programas de inclusión laboral “se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”.

En este sentido, se dispuso que los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo puedan realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral. Entre estos planes se incluyen el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local “Potenciar Trabajo” y el Programa “Inserción Laboral” creado por el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo al texto oficial, el beneficiario mantendrá el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción que realicen los citados ministerios. En caso de que la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador, se aplicará lo previsto en el artículo 2, es decir que los beneficios se considerarán “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.

Asimismo, si se produce la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de “volver a percibir la asistencia" que establece el programa, si el número de cotizaciones al sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral.

El decreto también estableció que si se diera el caso de que el período de cotizaciones al sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y doce meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

Cabe resaltar que podrán acceder al programa los trabajadores y las trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. Además, los beneficiarios accederán a la obra social y ART y tendrán la posibilidad de capacitarse y completar cursos de formación de oficios en el marco de “Un Puente al Empleo”. Sin embargo, no podrán acceder a ninguno de los programas que establezcan los empleadores que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

El Canciller Álvaro de Lamadrid consideró que se trata de una medida “electoralista”, pero también contradictoria

“Pasan de dar planes millonarios sin control a plantear que deben tener contraprestación laboral. Dar un plan como caridad o hecho del príncipe sin más es tan injusto como dar jubilaciones a quienes no aportaron. El presidente dijo que no creía en el mérito y ahora parece que si”, resaltó el diputado radical. Siguiendo esta línea, planteó que kirchnerismo “no tiene nada para mostrar” y que el problema central del país es que aquella coalición “les roba a los pobres” y solo busca “administrar la pobreza, no erradicarla”.

Claudia Bernazza celebró la iniciativa y destacó que actualmente “hay mucho trabajo” que se realiza a través de estos programas

“Es un trabajo que se hacía antes de la pandemia y sólo está reconocido por el momento por el programa Potenciar Trabajo. Por lo tanto, celebramos todo lo que pueda hacer que el trabajo sea reconocido en todos sus derechos para llegar a lo que conocemos como trabajo decente”, agregó Bernazza. Además, subrayó que el proyecto beneficiará al sector textil, integrado por numerosas cooperativas, pero también al sector de la construcción, que podrá formalizar su empleo y tejer alianzas con distintas empresas.

para una gran cantidad de familias los programas sociales son el “complemento” a trabajos informales y el “andamiaje” con el cual se resuelven “situaciones materiales cotidianas en momentos de crisis”

“Hay una estigmatización muy fuerte desde ciertos sectores de la oposición a las familias que cuentan con esta protección social. Creo que como Gobierno estamos avanzando en una política social acorde a los tiempos que vivimos. El decreto del presidente busca fortalecer a los sectores populares y generar un círculo virtuoso”, concluyó Macha.