Comienzan los exámenes para 40.000 empleados públicos, mientras el Gobierno evalúa cerrar organismos con funciones duplicadas
Las pruebas serán presenciales y anónimas, y habrá tres posibilidades por año para aprobarlas. Además, el Ejecutivo analiza qué dependencias públicas pueden ser eliminadas o simplificadas.
La próxima semana comenzarán los exámenes de idoneidad para alrededor de 40.000 empleados públicos cuyos contratos temporales vencen a fin de año, quienes deberán aprobarlos para una eventual renovación. Asimismo, el gobierno de Javier Milei analiza cerrar organismos con funciones duplicadas.
A través de las pruebas, que serán presenciales y anónimas, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado evaluará conocimientos básicos adquiridos para formar parte de la planta estatal.
La cartera a cargo de Federico Sturzenegger publicará en los próximos días en el Boletín Oficial las condiciones bajo las que se realizarán los exámenes, que tendrán distinta complejidad de acuerdo al tipo de trabajo de cada empleado.
La prueba, que se realizará en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública, será obligatoria por el momento para los empleados contratados que busquen una renovación e ingresantes que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Quedarán exceptuados los de planta permanente, que vivan en el interior o tengan una discapacidad.
Según trascendió, la evaluación será un "multiple choice" de una hora con entre 20 y 24 preguntas de razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública, y para aprobarla habrá tres posibilidades por año, aunque aún no se sabe cuál será el puntaje necesario para ello.
Cada empleado deberá sacar un turno y se le asignará un código que deberá ingresar antes de completar el examen. Una vez finalizado, el sistema le dará el resultado. Sin embargo, el hecho de que sea satisfactorio no garantizará la recontratación o el ingreso, sino que dependerá de la decisión administrativa de cada área.
En este sentido, el Ejecutivo revisará, a través del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, distintos organismos para detectar aquellos que tengan funciones duplicadas y, en consecuencia, puedan cerrarse, reducirle o fusionarse.
Además, aunque aún es una propuesta que está en fase inicial, el Gobierno analiza "premiar" a aquellas áreas que no gasten todo su presupuesto y que consigan un ahorro fiscal.