El Gobierno decretó la emergencia energética y la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a través de un DNU que rige desde este lunes hasta el 31 de diciembre de 2024. "Resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios", determinó el Milei junto a su Gabinete tras evaluar la situación en la que recibe el sistema.

El primer artículo del Decreto 55/2023 fijó "la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".

La declaración de la situación de emergencia y las acciones que de ella deriven "tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024", según indicó el texto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y sus nueve ministros.

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El artículo 2 instruye a la secretaría de Energía a que disponga el programa de acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".

En esa línea, determinó a través del artículo 3 el "inicio de la revisión tarifaria" correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de "transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural", y fijó que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes "no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024".

Por otra parte, se facultó a la Secretaría a designar a los interventores de ambos organismos técnicos -ENRE y ENARGAS- quienes tendrán entre sus funciones encomendadas "realizar los procesos de revisión tarifaria" y "evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones" y eventuales anomalías.

Listo para poner primera en los cambios y ajustes que anunció, el Gobierno pautó en el artículo 9 de este decreto que las provincias coordinen con la cartera energética “las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción”.

Por último, el DNU dispuso un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.