Argentina recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para intentar desestimar el embargo de USD 310 millones, más intereses, por parte de bonistas relacionados con un juicio por el default del 2001. El caso ya cuenta con dos sentencias en contra. 

El objetivo de los abogados locales es evitar la pérdida de los títulos, luego de que un grupo de holdouts inicie un juicio para reclamarlos, por haberlos depositados en el país, previo al momento en que se decretó el default.

Los empresarios obtuvieron un fallo favorable en primera instancia por parte de la jueza Loretta Preska, que obligó al Estado argentino al pago de USD 477 millones.

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Luego, en agosto de este año, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, ratificó la condena. Los bienes que el grupo quiere confiscar son los bonos Brady, los cuales representan un monto total de USD 310 millones, más intereses.

Dichos bonos vencieron el 31 de marzo de 2023 y hasta ese momento se encontraban radicados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Tras la caducación, se presupone que fueron trasladados al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La intención, de confirmarse que están en el BCRA, por parte de los bonistas es repatriar aquellos títulos. Ahora los abogados del país y los representantes de los grupos empresarios deberán presentar sus argumentos en una audiencia con fecha a confirmar.

Los bonos le deben su nombre a Nicholas Brady, secretario del Tesoro norteamericano entre 1988 y 1993. El funcionario creó un plan que llevó su mismo apellido y al cual Argentina ingresó en 1993, para la reestructuración de deuda mediante la emisión de bonos para los países de América Latina.