¿DNU mata cautelar?: de cuánto fueron los aumentos autorizados por el Gobierno para las telecomunicaciones
El precio de los servicios de telefonía fija y móvil, internet y cable siguen siendo objeto de discusión.
Este lunes, el Poder Ejecutivo autorizó, mediante una resolución, un nuevo incremento para las telecomunicaciones. Detrás de las subas existe toda una batalla judicial de cautelares producto de la avanzada de las compañías, que consideran que el alza debe ser más elevada para mantener la calidad del servicio.
• Los aumentos. La resolución 725/2022 publicada en el Boletín Oficial permite un incremento máximo del 9,5% a partir de mayo y otro de 9,5% desde julio para los grandes, medianos y pequeños operadores.
• Qué servicios. La medida apunta a las empresas licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles, de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet, de Servicios de Telefonía Fija y de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico.
• Antecedentes recientes. Este es la primera suba permitida para los grandes operadores, pero la segunda para los medianos y pequeños: en enero de 2022 el Gobierno autorizó un 9,8% para ellos.
• Historial albertista. Desde que asumió el presidente Alberto Fernández los incrementos han estado bastante por debajo de la inflación. En 2020, producto de la pandemia, se estableció el congelamiento de los precios. El 2021 comenzó con un alza del 5%, a la que le siguieron otras del 7,5% en febrero, del 2,5% en marzo y del 5% en julio.
• Cautelares. Al declarar a las telecomunicaciones como servicio esencial, el Gobierno se enfrentó a una serie de presentaciones judiciales para frenar la medida. La semana pasada, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8 resolvió prorrogar nuevamente por seis meses la vigencia de la medida cautelar que le fue otorgada a la compañía Telecom. Además, hay otras tres vigentes: una de Movistar, otra de Telecentro/DirecTV y otra Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Por ello, dichas empresas pueden establecer, de momento, los incrementos que crean necesarios. Sin embargo, la disputa judicial persiste y el Gobierno exige la devolución a los usuarios de los aumentos que estuvieron por fuera de la autorización oficial.