El 5 de marzo de 1956, seis meses después de derrocar al gobierno peronista, el general Pedro E. Aramburu sancionó el Decreto Ley 4161, mediante el cual prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista.

La prohibición incluía "la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, las expresiones 'peronismo', 'peronista', 'justicialismo', 'justicialista', 'tercera posición', la abreviatura PP (…) las composiciones musicales 'Marcha de los Muchachos Peronista' y 'Evita Capitana' o fragmentos de las mismas". Infringir la norma sería penado con prisión de 30 días a seis años.

Con los regímenes dictatoriales ocurre como con los maridos golpeadores: la culpa siempre es de la víctima. Prohibir la expresión "peronismo" o incluso la "abreviatura PP" se debía a los excesos del gobierno anterior, no a la intolerancia de quienes lo derrocaron. No era una persecución sino el fin de un engaño.

Con los regímenes dictatoriales ocurre como con los maridos golpeadores: la culpa siempre es de la víctima.

Más de medio siglo después, las formas han cambiado. Como declaró Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, "ya no necesitan matar o desaparecer, como en los años '70, alcanza con el linchamiento mediático, con la ayuda de los medios y el partido judicial".

La diferencia de la persecución política 2.0 radica en el poder de los medios usados, algo que también señaló Correa: la caracterización del adversario político como un ladrón a través de la complicidad de la Justicia y de los medios de comunicación (la Santa Trinidad de los medios, la Justicia federal y los servicios).

Ya no se trata de siniestros políticos con ideologías peligrosas para el país sino de malignos delincuentes que buscan saquear el Estado y robarse un PBI, o incluso dos. La conclusión, sin embargo, es la misma de antaño: por el bien del país es necesario impedir que puedan ser elegidos.

Desde que dejó el poder en diciembre del 2015, CFK padece una persecución de este nuevo tipo. El juez Bonadio, que según Horacio Verbitsky se adueña de todas las causas que la involucran "por sorteo, licitación o magia negra", ya ha pedido su desafuero por la causa del "dólar futuro", una herramienta de política financiera utilizada por todos los gobiernos, incluido el actual; la causa del memorando con Irán, para la cual el juez tuvo que inventar un conflicto armado con dicho país y la última, la causa de los Cuadernos del escriba Centeno.

Como explicó el senador Pichetto, los fueros no impiden que un juez investigue, cite a declarar, procese o incluso condene a quien los tiene, sólo impide que lo encarcele: "La etapa de instrucción es una etapa preliminar, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente o ministro".

En realidad, el objetivo final de los pedidos de desafuero no es investigar, algo que nadie le impide hacer al juez, sino lograr la cárcel preventiva. El limbo judicial que ya padecen varios ex funcionarios como Julio De Vido o Amado Boudou o una opositora al actual gobernador de Jujuy como Milagro Sala, encarcelada preventivamente desde hace casi tres años (apenas asumió su rival) por "incitación al acampe" y condenada por escrache telepático.

El objetivo final de los pedidos de desafuero no es investigar, sino lograr la cárcel preventiva.

Una vez encarcelada, la Justicia ha ido relanzando denuncias que la mantienen en prisión. Lo mismo ocurre con CFK y los sucesivos allanamientos en los que el juez Bonadio incauta objetos que nada tienen que ver con la causa que dio lugar al allanamiento pero permiten abrir nuevas denuncias, que darán lugar a nuevos allanamientos y finalmente a más denuncias. Los medios publican extractos de las resoluciones del juez, aún las que están bajo secreto de sumario, lo que permite indignar a los indignados y mantener el odio hacia un espacio político.

Analizar sólo la supuesta legalidad de cada procedimiento puntual deja de lado lo esencial: la larga lista de procedimientos amañados (la invención de una guerra con Irán para justificar la reapertura de la causa del memorando con Irán o el fórum shopping de la causa de los Cuadernos).

Cuando los delincuentes son siempre opositores tenemos dos opciones: creer que el vicio dominaba al gobierno anterior mientras que la virtud ilumina al actual o pensar que la cruzada contra la corrupción no es más que otra forma de persecución política, que no requiere de la prohibición de abreviaturas ni composiciones musicales, sólo de la eliminación del debido proceso y las garantías individuales.