"No tengo mucha información sobre las actividades de este sujeto, excepto la constancia de que no hay nada en los archivos del FBI que niegue sus conexiones comunistas". Senador Joseph Mc Carthy / Comité de Actividades Antiestadounidenses.

Hace unos días, fray Hernán Lombardi, Inquisidor General del Virreinato, anunció el despido de 354 empleados de la agencia de noticias Télam, aproximadamente un 40% de su personal. Con algarabía señaló que "hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos". Frente al escándalo que generó la decisión, varios periodistas, como Mario Pergolini o Marcelo Zlotogwiazda, aún entendiendo la reacción de los despedidos, explicaron que, efectivamente, la cantidad de empleados de la agencia era excesiva.

Tanto el Inquisidor General como dichos periodistas o incluso los funcionarios que apoyaron su decisión no la justificaron por la calidad de los servicios que ofrece la agencia -de hecho, ni siquiera los mencionaron- sino por el aumento de personal durante la larga noche kirchnerista. "Los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo", denunció el Inquisidor y agregó con lógica irrefutable "hay una situación que es muy clara de explicar: la agencia tenía 479 empleados en 2002 y casi 1000 cuando asume Cambiemos en 2015".

¿Por qué la agencia debería volver a contar con la misma cantidad de empleados que en 2002 si hoy tiene más corresponsalías y ofrece servicios que en aquel entonces no existían? No lo sabemos, pero al parecer fue un gran año.

Imaginemos a un Lombardi explicándole a la junta de accionistas de Apple que la compañía ha multiplicado por 10 sus recursos humanos en los últimos 15 años y que eso está mal. Imaginemos si propusiera volver a la misma cantidad de empleados del 2002, cuando no existía el iPhone, que representa hoy la mitad de la facturación de la empresa, ni los iPads o los Apple Store. Probablemente nadie lo tomaría en serio, ya que los accionistas preferirían analizar los resultados antes que los recursos.

Los ciudadanos argentinos, “accionistas” de nuestro Estado, no contamos con esa prerrogativa. Debemos conformarnos con análisis sesgados y festejar la disminución de esos costos que tanto desvelan a nuestros reaccionarios sin poder analizar qué servicios aportaba la agencia que hoy se busca desmantelar.

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Hace unos días, Claudia, una empleada de Télam despedida luego de 22 años, confesó "yo voté a Macri, no tengo ninguna ideología con los K (…), tengo un legajo intachable, nunca hice un paro". Asistimos con asombro a la justificación implícita del despido por ideología.

Si Claudia hubiera votado a Scioli, profesara algunas ideas sospechosas o incluso hubiera ejercido el elemental derecho de huelga protegido por nuestra Constitución, su despido sería justificado. Por si quedara alguna duda, el presidente y comisario político de Télam, tovarich Pousá, explicó que "los despedidos tenían un perfil muy ideológico".

Al paradigma del Estado bobo que se desprende de sus activos como si fueran costos a reducir -desde ARSAT hasta Télam, pasando por los investigadores del Conicet o los hospitales que no se ponen en funcionamiento- se suma así un extraño principio circular que nos recuerda al amable Comité de Actividades Antinorteamericanas: si lo echaron era kirchnerista y si era kirchnerista es justo que lo hayan echado.