"¿Alguien podía sostener sin cuestionamiento alguno que Ángelo Calcaterra o Luis Betnaza formaran parte de una asociación ilícita que comandaba supuestamente Cristina Fernández de Kirchner?", se preguntan varios abogados tribunalicios.

El fallo de Cámara, al igual que la resolución que dictó Claudio Bonadio en septiembre, está sustentado con los testimonios de los "arrepentidos" Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López y Claudio Uberti sobre lo ocurrido entre 2003 y 2015.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi afirman que existió una asociación organizada por la ex presidenta que se dedicaba a recaudar dinero de manera ilegal.

La gran diferencia con lo establecido por Bonadio está en el rol que le dan a los empresarios (o a casi todos ellos) en el esquema de corrupción. La clave está una frase de la página 36: "Se describe una comunidad engendrada con un único propósito, la recaudación de fondos de manera ilegal".

¿Tenían los empresarios involucrados en el expediente el propósito de recaudar fondos? Lo contestan los mismos Bruglia y Bertuzzi: "Los empresarios que efectuaron los pagos a los agentes públicos o sus intermediarios actuaron motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado".

La pregunta que sigue a todo esto es obvia. Si la asociación ilícita tenía un objetivo claro y los empresarios tenían otro, ¿podían ser miembros de ella? "Independientemente de la responsabilidad que supone en sí misma la entrega o el ofrecimiento de dinero a un funcionario público en pos de determinada actuación, ello no es suficiente para considerarlos miembros de una misma asociación criminal", cierran los jueces en su resolución.

La causa de los cuadernos continúa con sus múltiples ramificaciones e implicancias políticas. La Cámara convalida parcialmente con su fallo la actuación de Bonadio y le da el espaldarazo necesario para que el juez envíe algo del expediente a juicio oral el año que viene. También confía en los arrepentidos, cuyo testimonio es verosímil pero que debería sustentarse además con otra prueba.

Superficialmente, el fallo podría tomarse como una ayuda a la pata empresarial. Otros prefieren sostener que se está construyendo algo más sólido que una asociación ilícita (que es complejo de probar). De todas formas, dejaron abierta con la falta de mérito la posibilidad de que se profundice en algún sentido la participación de los empresarios.

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