Claudio Bonadio y Carlos Stornelli quieren salvarse. El Poder Judicial es el de peor reputación en la sociedad y los encargados de investigar el escándalo de los cuadernos cargan en sus trayectorias con duras acusaciones, que los ubican entre los "malos" de Comodoro Py. Las revelaciones del chofer Centeno fueron una oportunidad de redención para el juez y el fiscal, dos de los preferidos de la política por sus relaciones: con el peronismo el primero y con el macrismo el segundo.

Ayer, mientras el Gobierno presentaba en el Congreso un Presupuesto que prevé un fuerte ajuste, Bonadio tomó la esperada decisión de procesar y dictar la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Kirchner, cuyo peso político llevó a que solo esa parte de su resolución ocupara los principales títulos de los diarios. Pero el fallo de Bonadio fue mucho más allá.

Los mismos sondeos de opinión pública que muestran la pésima reputación del Poder Judicial señalaron que la sociedad también quiere ver a privados presos por corrupción, no solo a funcionarios públicos. En su fallo, el juez también procesó y dictó preventiva a 18 empresarios, aunque solo seis se harán efectivas, y le trabó a cada uno de ellos el mismo embargo que a CFK y los otros exfuncionarios: 4 mil millones de pesos

Aquellos que decidieron presentarse como arrepentidos no irán a la cárcel, en principio, pero Bonadio los acusó de formar parte de "un selecto grupo de empresarios" llenos de "avaricia y codicia" que distribuyeron coimas y "se llenaron los bolsillos" para luego sostener "un discurso acomodaticio y cobarde” en el que afirmaron haber "cedido a las presiones oficiales" para proteger sus compañías. En criollo, mintieron para zafar.

Según Bonadio, los hombres de negocios pagaron cerca de 100 millones de dólares en coimas. Y enumera a algunos: Luis Betnaza (Techint) habría pagado U$S 1.000.000, Francisco Valenti (Pescarmona)  U$S 1.385.000, Claudio Glazman U$S 1.800.000, Juan Carlos De Goycoechea (Isolux) U$S 300.000, Hugo Eurnekian U$S 200.000, Hugo Dragonetti U$S 1.400.000, Jorge Balán U$S 600.000, Gabriel Romero (Emepa) U$S 150.000; Supercemento U$S 3.000.000, Aldo Roggio U$S 500.000, Alejandro Ivanissevich U$S 100.000 y Manuel Uribelarrea U$S 1.500.000, entre otros.

Según el dictamen de Bonadio, los empresarios confesaron haber pagado coimas a cambio de suculetos negocios, pero no lo hicieron por real arrepentimiento sino para tratar de reducir sus condenas y proteger sus patrimonios. Como Judas, aceptaron formar parte de un negocio espurio por codicia y avaricia y recién se arrepitieron ante lo inminente de una condena. Judas, al menos, devolvió las monedas.