Baterías, auditorías e irregularidades: crecen las sospechas sobre la responsabilidad de la Armada

Estándares normativos en la compra de baterías que la Armada no cumplió y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que también cuestiona el procedimiento pueden comenzar a explicar qué pasó con el submarino ARA San Juan. A 11 días de la última comunicación del navío con la Base Naval de Mar del Plata, predominan más las incógnitas que los datos certeros. Sin embargo, cuando se comienza a ahondar sobre ciertos factores que podrían haber ayudado a desencadenar el "evento violento consistente con una explosión", según las palabras del el capitán y vocero Enrique Balbi, el panorama puede ser diferente.

Entre el 2015 y el 2016 circularon por los pasillos de Azopardo 250, sede del ministerio de Defensa, las conclusiones de una investigación realizada por expertos en el tema: “la Armada habría inclumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos”, consigna el periodista Hugo Alconada Mon en la La Nación.

Según los investigadores del tema, "la información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG".

“La Armada habría inclumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías"

Este no fue el único informe. En mayo del 2016, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó la auditoría MD 13776/16 en donde también se detectaron “irregularidades”. Los técnicos que elaboraron la investigación encontraron desvíos en los planes trazados para le ejecución material y presupuestaria de la obra, con demora de hasta 4 años. Por este motivo, las demoras “permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del periodo de garantía”. En los motores también encontraron la misma irregularidad.

Por este motivo, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien no descartó que se haya tratado de un “ataque extranjero”, ordenó preservar toda la documentación que haya al respecto en el complejo Cinar-Tandanor, sede de la reparación de media vida del submarino. El informe confidencial recomendó “avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables”. También aconsejó a la Oficina Anticorrupción que tome cartas en en el asunto y que radicara denuncias ante la Justicia contra oficiales y funcionarios de la Armada.

En el Gobierno, según se sabe, están revisando “todos los procesos dentro de la Armada” y que se abrirá una investigación interna. Además sostienen que “la prioridad N°1 es recuperar sus tripulantes y luego saber qué pasó y determinar responsabilidades”.