Luego de la decisión del Gobierno de aumentar en un porcentaje mayor los importes de las facturas de gas de los consumidores para compensar a las productoras "la marcada variación del tipo de cambio" entre abril y septiembre, el fiscal Guillermo Marijuan denunció al secretario de Energía, Javier Iguacel.

La presentación de Marijuan ya fue sorteada y cayó en el juzgado de María Romilda Servini, con intervención de la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa. La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. 

Según Marijuan, la resolución genera "un perjuicio al patrimonio de los consumidores" y sostiene que "se alteraría el principal efecto jurídico que tiene la cancelación de obligaciones", al incluir una compensación sobre períodos que ya fueron abonados por los usuarios. Además, en la denuncia solicitó que se aplique una cautelar que suspenda la aplicación de los aumentos.

La fiscalía tendrá que evaluar si corresponde iniciar una investigación

Una vez que se cumplan los pasos formales, la fiscalía tendrá que evaluar si corresponde iniciar una investigación. En caso de que así lo considere, podrá requerir el cumplimiento de las medidas que considere pertinentes. Es documento (denominado requerimiento de isntrucción) es elevado al juzgado, que es el que tiene la última palabra.

Es decir, que aún si la fiscalía decide impulsar la causa, la jueza puede considerar que no hay delito para investigar y cerrar el expediente. Mientras tanto, diversas asociaciones de consumidores anunciaron que pedirán la suspensión de la medida. Esta situación no se dará en el fuero penal (o sea, en Comodoro Py) sino que se atacará directamente la legalidad de la resolución.

Ochoa y Servini, perfiles de dos "no amigas" del Gobierno

Servini ha mantenido un perfil bastante distante del Gobierno nacional, marcado por varias cruces que incluyeron el desplazamiento del juzgado electoral de la Provincia de Buenos (que subrogaba) y cuando sacaron a su hijo del cargo de administrador general del Consejo de la Magistratura.

"Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca", dijo allá por diciembre de 2016. Meses después, reiteró su teoría cuando la Corte Suprema re-instauró el límite de edad para los jueces: 75 años.

Para ella, Ricardo Lorenzetti quería sacarla de supuesto. El ex presidente de la Corte es uno de los enemigos que tiene en común con otra de sus aliadas, Elisa Carrió. Sin embargo, mantiene un vínculo con Daniel Angelici. En los últimos meses, ordenó la intervención del PJ Nacional y criticó fuertemente al kirchnerismo. Servini fue de las primeras mujeres en llegar a Comodoro Py.

Ochoa, en cambio, es de las últimas. De muy bajo perfil, la causa más resonante que tuvo hasta ahora es la que involucró al camarista Juan Carlos Gemignani, acusado de ordenar la detención de una secretaria. Ella terminó apartada por participar d euna marcha por el reclamo #NiUnaMenos y él, sobreseído sin siquiera haber sido indagado.

Ambas estuvieron en noviembre del año pasado en un coloquio de juezas y procuradoras de todo el mundo sobre trata de personas, que se realizó en la Academia de Ciencias Pontificias del Vaticano.