Luego del sacudón que el caso del ex subsecretario de Presidencia Valentín Díaz Gilligan provocó en la imagen del Gobierno, el oficialismo decidió cambiar su estrategia para defender al titular de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-, Gustavo Arribas, recientemente acusado de cobrar 850 mil dólares en coimas vinculadas a la causa Lava Jato.

Este lunes, Arribas se presentó ante la justicia (su causa está en manos del juez federal Claudio Bonadio) y pidió ser investigado. En línea con la defensa que recibió del jefe de Gabinete, el funcionario calificó la denuncia en su contra como una "invención” del operador financiero Leonardo Meirelles, en tanto que remarcó que se trata de un "delincuente confeso”.

En los casos previos, desde el escándalo de Sandra Heredia con Jorge Triaca y las cuentas offshore no declaradas de Luis Caputo hasta el reciente ocultamiento de la sociedad que Díaz Gilligan tenía en Andorra, el oficialismo había decidido aletargar las causas hasta que mitiguen, sin embargo, la pérdida de imagen positiva obligó a pegar un volantazo.

"Las transferencias [que Meirelles le adjudica haber recibido] son una invención inexistente, pues la única suma de dinero que recibí es la de us$70.475, que me hizo llegar Atila Reys Silva, por los medios que él mismo escogió y con motivo de la compra de los muebles existentes en el inmueble que vendí”, sostuvo Arribas en el texto que presentó ante la Justicia, en el que pidió que se investiguen sus cuentas y requirió al Banco Central que informe si tuvo cuentas entre los años 2013 y 2015 y si recibió ese pago de 850 mil dólares.

En los últimos días, Marcos Peña salió a defender a Arribas, mientras que Elisa Carrió pidió ante la justicia que el funcionario diera las explicaciones correspondiente.