Con apoyo del PJ. De carrera judicial. Los autopostulados. Los tapados. Renunció Alejandra Gils Carbó y reflotaron los nombres de los candidatos a sucederla. El Gobierno necesitará de los dos tercios del Senado para consagrar a uno como procurador general. Si bien desde diciembre tendrá más senadores, de todas maneras está obligado a buscar consensos.

Alberto García Lema

Constitucionalista, Procurador del Tesoro de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem, fue parte de la reforma constitucional de 1994 por el Justicialismo. Tiene el visto bueno del PJ (su nombre circula desde el año pasado) por lo que no sería tan complejo conseguir consenso aunque su edad es un inconveniente (tiene 75 años).

Raúl Plee

Es fiscal de la Cámara de Casación Federal desde hace 25 años. Su relación con Macri no un problema: es socio de Boca y formó parte en 2007 de una comisión asesora en seguridad deportiva en el club. Además, es el presidente del Tribunal de Ética de la AFA y tiene una relación cercana con Daniel Angelici, uno de los interlocutores del macrismo a nivel judicial.

Gustavo Hornos

Por debajo de los dos nombres anteriores, Hornos es cercano al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y juez de la Cámara de Casación Federal desde 1995. Su candidatura comenzó a circular a mediados del año pasado, cuando Cambiemos se preparaba para presentar una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal.

Inés Weinberg de Roca

Especialista en derecho internacional, es una de las juezas que Macri nombró para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuando era Jefe de Gobierno. Está en ese lugar desde junio de 2013, antes estuvo en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Mariano Borinsky

Otro juez más de la Cámara de Casación Federal. Está ahí desde 2011, antes era fiscal en lo penal económico. Fue uno de los magistrados que votó para que se abriera la causa por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente, es presidente de la comisión que creó el Gobierno para reformar el Código Penal.

Ricardo Sáenz y José María Campagonli

Son los más "mediáticos” de todos. No cuentan con demasiado apoyo dentro del mundo judicial aunque lograron hacerse conocidos por sus actuaciones. Sáenz es fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (la llamada Cámara del Crimen), intervino en la causa por la muerte de Nisman y dijo que se trató de un homicidio. Campagnoli cobró notoriedad luego de un jury inconcluso donde se le cuestionó su participación en una causa donde estaba involucrado Lázaro Baez. Ahora, hay un change.org con firmas que pide su nombramiento como Procurador.

Gabriel Cavallo

Un tapado. Su nombre circuló en algunos recovecos del Ministerio Público Fiscal y alrededores. En 2011, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Renunció en 2007 y pasó a la actividad privada. Defendió a Ernestina Herrera de Noble en la causa por la supuesta apropiación de sus hijos adoptivos durante la dictadura militar.