Nadie puede decir que no conoce cómo funciona la justicia federal. Aunque el reconocimiento general le llegó cuando se candidateó para jefe de gobierno, Aníbal Ibarra fue antes fiscal federal y le tocó batallar en los tribunales post-dictadura. Ahora, vuelve pero con otro rol: será defensor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán, que será elevada a juicio en los próximos días.

"No hay presos por encubrimiento en ninguna otra causa, cuentenla como quieran, esto es persecución”, dijo en su primera declaración como abogado de la ex presidenta. Ibarra conoce la causa: ya es co-defensor de Oscar Parrilli en este expediente junto a Roberto Boico, que fue conjuez en la Cámara de Casación en Comodoro Py.

Tenía 28 años cuando llegó a ser fiscal federal, cargo que ocupó desde marzo de 1986 hasta agosto de 1991. Desde ese lugar, fue contra José López Rega y tuvo una intervención en los alzamientos carapintadas de 1987.

La llegada del menemismo fue un detonante para muchos funcionarios judiciales. Con las leyes de punto final obediencia debida, la movida por la impunidad terminó de consolidarse con los indultos que Carlos Menem firmó entre 1989 y 1990.

El entonces procurador Oscar Roger envió la orden: ningún fiscal se opondría a los indultos. Ibarra desobedeció y planteó la inconstitucionalidad. Esto le valió una sanción y meses después, renunció. El tiempo le daría la razón: los indultos fueron considerados inconstitucionales por la Corte Suprema en julio de 2007.

Durante los ’90 se dedicó a política. Por un lado, fue concejal del Fredejuso, participó de la reforma de la Constitución nacional y redactó la Constitución de la Ciudad mientras se dedicaba a denunciar la corrupción del gobierno menemista. 

Llegó a la jefatura de la Ciudad en 1999 y fue reelegido en 2003. Para muchos, el 30 de diciembre de 2004 se terminó su carrera cuando un incendio en el boliche Cromañón ocasionó la muerte de 194 personas y más de 1400 heridos. Fue destituido juicio político mediante en marzo de 2006. 

Ibarra pasó de ser jefe de gobierno a estar imputado en la causa. Cinco meses después de su destitución, fue sobreseído. En 2010, esa decisión fue confirmada por la Cámara de Casación con la firma de Eduardo Riggi, Liliana Catucci, Angela Ledesma, tres jueces que aún tienen su despacho en Comodoro Py.

Desprestigiado después de la tragedia de Cromañón, continuó su carrera política como legislador de la Ciudad ya que no fue inhabilitado para ejercer cargos. Volvió al derecho después de diciembre de 2015: fue nombrado como asesor de la kirchnerista Vanesa Ferrazzuolo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

"Cuando el poder político avanza sobre la justicia no hay forma de detenerlo”, dijo Ibarra sobre la causa que tiene procesada a la ex presidenta. En los pasillos tribunalicios comentaban, con cierta ironía, su nombramiento.