A principios de 2008, la flamante nueva administración de la Ciudad de Buenos Aires basó uno de sus pilares en la generación de cambios en políticas de seguridad. Primero, encaró el histórico reclamo del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina. O sea: que las Comisarías, el policía de calle, y todo el presupuesto correspondiente, pasaran a la esfera de la Ciudad, ya autónoma desde 1996. Al recibir la negativa del Gobierno Nacional amparado en la Ley Cafiero, la gestión de Mauricio Macri decidió crear su propia policía, la Metropolitana. En medio de ese proceso, surgió la primera de las polémicas, cuando la cartera de Justicia y Seguridad por entonces a cargo del ex juez federal Guillermo Montenegro anunció que la flamante Policía Metropolitana iba a utilizar dispositivos de electroshock a distancia para la reducción de personas. 

Las pistolas Taser, así llamadas por el fabricante más popular, levantaron una polvareda que llevó a la comparación de su uso con la legalización de la picana eléctrica y, por decantación, colocó a Mauricio Macri a la altura de un represor digno de la última dictadura militar. El debate de si era más humana una descarga eléctrica con efectos temporarios que un balazo de 9 milímetros resultó inconducente: quienes se oponían a las Taser también se oponían al uso de armas de fuego, lo cual no resulta recomendable para una fuerza de seguridad en un país como la Argentina, donde algunas bandas delictivas poseen armas de fuego de alto calibre, incluso mejores que las de las fuerzas de seguridad. 

El debate quedó trunco y las Taser pasaron al olvido durante el resto de la gestión de Macri al frente de la Ciudad. Hoy, desde la Presidencia, las cosas han cambiado mucho: la Superintendencia de Seguridad Metropolitana pasó a la esfera de la Ciudad y se fundió con la Metropolitana para crear la Policía de la Ciudad. Sin embargo, las Tase quedaron siempre flotando en el aire hasta esta semana. Finalmente, a once años de haberse propuesto por primera vez, una fuerza de seguridad podrá utilizarlas. Paradojas de la vida política argentina: no será la Policía de la Ciudad, sino las fuerzas federales (PFA, Gendarmería, PSA y Prefectura). Tiene cierta lógica, teniendo en cuenta que si se busca comenzar a utilizarlas paulatinamente, hoy la Policía Federal no tiene el roce cotidiano con la ciudadanía, con lo que se reducen las posibilidades de su uso. 

Que se comience a utilizar en plena campaña electoral demuestra que al Gobierno no le molesta que se genere polémica en este tema, sino todo lo contrario: sabe que es el punto a favor que pueden destacar en cualquier encuesta y en ese sentido se ha comportado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en numerosas ocasiones que van desde el caso Chocobar hasta la reciente conferencia de prensa junto al flamante absuelto Lino Villar Cataldo, quien había sido juzgado por matar al ladrón que intentó robarle el automóvil dentro de su hogar. 

Durante ya muchos años, los principales reclamos de cualquier sondeo muestran dos principales preocupaciones: inflación y seguridad. En el segundo de los casos, el gobierno pareciera tener el camino que desea transitar mucho más claro que en el primero. Quienes no los votarían jamás, no se sentirán más rechazados que de costumbre; el núcleo duro de votantes estará más que satisfecho. Sin embargo, la nueva medida podría impactar en ese grupo de "desencantados", los que contribuyen a esos sondeos. No se controló la inflación, pero se avanza sobre la inseguridad con mano electrificada: 50% de lo que se quería es mejor que cero.