Decisiones administrativas y políticas confrontan en el Gobierno. Una posible condena sobre el financista Leonardo Fariña podría beneficiar a Lázaro Báez su ex jefe. Más allá de la paradoja que signifique a simple vista, de fondo hay otras cuestiones: una interna sobre la cuestión entre Alberto Abad y Laura Alonso. La Oficina Anticorrupción (OA) le reclamó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que "se abstenga” de avanzar en una causa que tiene como protagonista al empresario patagónico.

La AFIP es querellante en la investigación contra Fariña por la compra de un campo en Mendoza, en donde se presume que hubo evasión fiscal por más de 11 millones de pesos de impuesto a las ganancias e IVA. El financista dice que esos campos eran para Báez, pero nunca demostró ni aportó prueba alguna que digan lo contrario. Ayer, en el juicio de la causa de la denominada "ruta del del dinero K”, la entidad fiscal pidió siete años de prisión para Fariña, mientras que la fiscalía cuatro.

La próxima semana el abogado de Fariña, Rodrigo González, realizará el alegato de defensa ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2. Si lo condenan, irá preso si la condena queda firme.

La defensa del patagónico sigue de cerca el destino judicial de Fariña. Un fallo adverso habilitaría a Rina Barbieri, abogada de Báez a descartar ese delito que se investiga en la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, quien ya tiene determinado judicialmente que Fariña se movió por cuenta y orden del empresario.

La colisión de intereses entre los diferentes organismos tiene algo en común: ambos quieren "ir a fondo”. Mientras que en la OA apuntan contra Lázaro Báez, la AFIP hace lo suyo con Fariña. En el organismo que conduce Abad dicen que "hicieron lo que corresponde" y descartaron una disputa con Alonso. Sin embargo, desde el sector de Alonso dicen que  "tienen diferencias políticas e institucionales graves con ellos [por la AFIP] en esto".