“Javier Milei fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi”, denunció el candidato a diputado nacional porteño Leandro Santoro, después de que el libertario lo acusara de “parásito del Estado” por trabajar en el sector público. El candidato de La Libertad Avanza reconoció haber trabajado como asesor del dictador, pero hizo una salvedad: “¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación?”.

La carrera política de Bussi comenzó por vías no democráticas cuando -después de haber sido el encargado de comandar el Operativo Independencia con el que Isabel Martínez de Perón intentó aniquilar a las fuerzas revolucionarias en 1973- asumió como gobernador de facto de la provincia de Tucumán producto del último golpe de Estado cívico-militar.

Hasta ese entonces, el hijo de inmigrantes nacido en Victoria, localidad de Entre Ríos, ya había encomendado algunos de los más de 800 casos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones de los que se lo acusó. Una práctica que multiplicó y profesionalizó a partir del comienzo de su gestión.

Sus cuatro años de intervención estuvieron marcados por altos niveles de autoritarismo y represión, como también por la desarticulación de la actividad sindical. Según los testimonios recabados por la CONADEP, Bussi no solo visitaba con frecuencia los más de 30 centros clandestinos de detención de la provincia, sino que en muchos casos él mismo torturaba y ejecutaba a las víctimas con sus propias manos.

Además de desaparecer sindicalistas y políticos opositores, el bussismo intimidó y asesinó abogados para evitar la defensa de sus presos políticos. En julio del 76, secuestró a Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A partir de los testimonios de los oficiales militares, se pudo saber que Bussi ordenó congelar su cuerpo y exhibirlo en la inauguración del “Museo de la Subversión” en Campo de Mayo.

Al dictador le interesaba lo simbólico de mostrar su “premio” de guerra casi tanto como lo preocupaba lo que aparentaba tener una capital llena de villas. Por eso, cuando Jorge Rafael Videla visitó San Miguel de Tucumán, Bussi construyó muros de estilo colonial para taparlas y ordenó expulsar a todas las personas en situación de calle hacia los cerros catamarqueños.

Pese a todas las atrocidades, y con el indulto de la Ley de Punto Final en camino, el genocida intentó por el camino democrático y se presentó en las elecciones legislativas e 1987, donde sacó el 18% de los votos. La crisis económica provocó que el bussismo ganara más adeptos y cuatro años más tarde compitió contra Ramón ‘Palito’ Ortega, aunque perdió.

Tuvo que esperar hasta 1994 para ocupar su primer cargo elegido por el voto popular, cuando fue Convencional Constituyente para la reforma de la carta magna. Allí apareció Milei, como asesor económico. Un año después, derrotó al justicialismo y consiguió volver a la gobernación, pero esta vez mediante elecciones.

Su segunda gestión estuvo atravesada por diversos indicios de corrupción; 100 mil dólares no declarados en el extranjero y firmas inexistentes para ganar licitaciones de obras públicas. Cuando terminó, consiguió una banca como diputado nacional, pero la Cámara consideró que “su participación activa en crímenes de lesa humanidad” lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo. El tema pasó a la Corte Suprema, que en 2007 falló a favor del dictador, pero su mandato ya había finalizado.

Antes de eso, la intendencia de San Miguel de Tucumán también se le había escapado de las manos. Tres meses después de ganar los comicios, fue detenido por la desaparición de una de sus víctimas, Guillermo Vargas Aignasse, y renunció. Recién en agosto de 2008 fue condenado a cadena perpetua en prisión. Falleció tres años más tarde, después de agonizar por una “falla multiorgánica irreversible”.