El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a la excúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por las bases que la exSIDE instaló en la provincia de Buenos Aires, a través del Proyecto AMBA.

La iniciativa se llevó adelante entre 2016 y 2017, durante la gestión de Cambiemos, con el objetivo de hacer espionaje político en la Provincia. Aunque el proyecto había sido creado para investigar delitos federales complejos, como narcotráfico y trata de personas.

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"El llamado 'Proyecto AMBA' de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016", describe Ramos Padilla en la resolución.

Asimismo, el magistrado aclaró que a esas seis bases "se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca". Las mismas pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y "conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante el año 2017".

Ramos Padilla

Según Ramos Padilla, el Proyecto AMBA se puso en funcionamiento antes de que el entonces director general de la AFI, Gustavo Arribas, firmara la resolución 558 de abril de 2017. La misma le asignaba a la Dirección de Reunión Buenos Aires, a cargo de Pablo Pinamonti, la realización de tareas vinculadas a la política de la Provincia.

En la resolución, el juez sostiene que "en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas".

Sin embargo, "se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno".

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La responsabilidad de los exAFI

El criterio para considerar responsables a Arribas y Majdalani es que al haber sido las máximas autoridades de la AFI no podían desconocer las acciones de espionaje ilegal. Las mismas ocurrieron de forma sistemática, según el magistrado de Dolores. Además de procesarlos, los embargó por $20 millones a cada uno.

"Las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del Gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos", sostiene el juez en su resolución.

Arribas al ingreso de los Tribunales de Lomas de Zamora. Foto NA: MARCELO CAPECE

Ya es el segundo procesamiento que le pesa a los exdirectores de la agencia por actividades violatorias de la ley de inteligencia. La misma suerte tuvieron los coordinadores de las bases, Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito, que pasaron a la AFI desde la Policía Bonaerense.

Además, Ramos Padilla procesó a los jefes de las bases: Pedro Oscar García (Quilmes), Alicia Nocquet (Haedo), Andrés Máximo Maisano (Pilar), Gustavo Emilio Carreiras (La Matanza), José Luis Fiorentino (San Martín), Roberto Hugo Bianchi (La Plata) y Nicolás Iuspa Benítez (Mar del Plata).

Asimismo, a Iuspa Benítez también lo procesó por destruir documentación que estaba en la base de Mar del Plata. Allí se investiga el espionaje sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Mientras que Sebastián Novais, jefe de la base de Bahía Blanca, obtuvo la falta de mérito.

Por estos hechos estaban procesados Pablo Pinamonti y Ricardo Bogoliuk, exjefe de la base Ezeiza y vínculo con el falso abogado Marcelo D’Alessio.