La pelea oculta detrás del reparto de alimentos en el conurbano
En el conurbano había en diciembre casi 5 millones de pobres.
El 40% de los que allí residen no alcanzaba a cubrir la canasta básica, según el Indec, una cifra por encima de promedio nacional que se ubica en 35,5%.
La estimación se difundió a principios de este mes, pero ya quedó muy vieja.
Al calor de la pandemia y la cuarentena, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza crece y golpea, especialmente, en el Gran Buenos Aires.
Recién en septiembre se publicará el nuevo índice y la inquietud que alarma en el Gobierno es si llegará al 50%.
En este contexto, Alberto Fernández armó un esquema de contención delegado en los intendentes, con quienes negocia fondos, apoyo, obras, alimentos. Esa alianza, incluso, pasa por encima del gobernador Axel Kicillof.
También en Olivos hicieron gestos hacia los curas villeros, por su trabajo en las zonas más marginales y coordinaron una modalidad de acción.
Recién el jueves pasado, y ante cortocircuitos internos, el Presidente recibió por primera vez desde que arrancó el aislamiento a los jefes de las agrupaciones sociales que tienen diálogo con la Casa Rosada. Incluso, algunos dirigentes ahora son funcionarios y están de los dos lados del mostrador.
Estuvieron representantes del Movimiento Evita, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el MTE, entre otros. La queja unánime apuntó a las fallas en el reparto de alimentos, un circuito que crujió a partir de la denuncia de sobreprecios en las compras del Gobierno.
En paralelo, las organizaciones mantienen una disputa con los intendentes, aliados clave de Fernández, que concentran los envíos de Nación y Provincia. Es una rivalidad que no es nueva, y está vinculada a las diferencias políticas y de poder.
Para el PJ, el área de Desarrollo Social vale oro desde Eva Perón hasta hoy. “No se larga”, sostiene un dirigente. La premisa tiene su costado más oscuro atado al uso clientelar, que luego da, obviamente, rédito electoral.
La pelea más fuerte por estos días se da en La Matanza, el bastión más grande del conurbano. Fernando Espinoza ejerce su mando sin compartir ni articular, según reprochan desde distintos sectores.
“Espinoza no nos da ni un paquete de fideos”, se quejó, más de una vez, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. En ese distrito también la puja es con La Cámpora, cuyo coronel allí es Facundo Tignanelli, diputado provincial muy cercano a Máximo Kirchner.
Recién en septiembre se publicará el nuevo índice de pobreza y la inquietud que alarma en el Gobierno es si llegará al 50%.
Molestó en el municipio la visita del hijo de la Presidenta a Puerta de Hierro, de la mano de Nicolás Angelotti, más conocido como el padre “Tano”, al que le adjudicaron el control de ese punto de distribución de comida elaborada por el Ejército.
En el medio de la urgencia, se cuela la miseria por el manejo de recursos y quién capitaliza la ayuda.
Para peor, la comida empezó a escasear en varios lugares. En los últimos días, por ejemplo, las raciones que reparten las Fuerzas Armadas se redujeron a la mitad. Los punteros que llamaron pidiendo respuestas, se toparon con contestaciones llamativas: que armen un plan transitorio para que las personas asistan día de por medio.
Todo eso, sostienen en el Gobierno, se va a resolver apenas se agilice el nuevo sistema de contrataciones.
El Ministerio de Desarrollo Social envía alimentos a unos 3000 comedores y merenderos gestionados por agrupaciones. Aunque los movimientos aseguran que, en total, tienen más del doble de establecimientos. La comida que reparten se nutre de asistencia de distintos niveles de gobierno, de donaciones, de sus actividades.
Eso hoy no basta. Barrios de Pie decía contar con 1500 comedores, y sumó otras 500 bocas de expendio durante la pandemia. Los jueves organizan distintas jornadas: de ollas populares a repartos de comida a domicilio a adultos mayores.
La alianza de Alberto Fernández con los intendentes pasa, incluso, por encima del gobernador Axel Kicillof.
El propio Gobierno dice que la asistencia de personas a comedores y merenderos pasó de 8 a 11 millones durante el Covid-19.
Hasta ahora, Fernández apuesta a que la inyección de plata sirva para contener desbordes. Se destinaron a sectores vulnerables: 80.000 millones de pesos al Ingreso Familiar de Emergencia, 7.000 millones extra para alimento a comedores, 1.200 millones de refuerzo a planes sociales y otros 14.000 millones más para Asignación Universal por Hijo.
Nadie sabe si eso alcanza. Es alrededor del 12% del paquete de 850.000 millones que anunció el Presidente, los famosos 3 puntos del PBI para hacer frente una crisis inédita.
