Tres días después de que la marcha de los jubilados frente al Congreso terminara con serios enfrentamientos entre barras bravas de clubes de fútbol y las fuerzas de seguridad, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, estimó este sábado que se necesitarán más de $400 millones para reparar los daños y adelantó que la Ciudad se presentará como querellante en la causa y recusará a la jueza Karina Andrade por liberar a las pocas horas a los 114 detenidos.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario consideró que "lo ocurrido el miércoles fue un ataque a las instituciones y a todos los porteños". "No fue una manifestación", destacó.

Luego, enumeró los daños realizados por los manifestantes que acudieron a las inmediaciones del Congreso durante lo que -originalmente- iba a ser una marcha compuesta por jubilados: "Destrozaron 89 contenedores de basura. Destrozaron dos patrulleros y cuatro motos de la Policía de la Ciudad. Se rompió la vía pública, el mobiliario urbano, comercios".

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"A estos violentos y a estas organizaciones criminales las vamos a enfrentar y las vamos a ir a buscar. Tendrán que hacerse responsables del daño patrimonial a la ciudad", aseguró luego.

El funcionario también hizo referencia a Karina Andrade, la jueza que, a través de WhatsApp, dispuso la liberación de los detenidos durante la marcha: "La fiscalía tiene 48 horas para resolver la situación del detenido. Antes de que transcurriera ese plazo, la jueza dispuso la liberación. ¿Cómo vas a decir que los dejás en libertad para defender el derecho constitucional a manifestarse?"

"La jueza utilizó un argumento en favor del reo, no de la ley. Es preocupante. Vamos a plantear la recusación de la jueza, dado que su resolución muestra una tendencia al garantismo", agregó, en línea con la solicitud del ministerio de Seguridad nacional de apartar a la magistrada. 

"Vamos a trabajar en conjunto con la fiscalía. Nos vamos a presentar como querellantes y vamos a aportar las pruebas", finalizó Tapia.