El fiscal federal Franco Picardi le pidió al ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich pruebas sobre la participación de barras bravas y documentación relacionada a la intervención de Fernando Espinoza y Federico Otermín, intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, respectivamente, ante la denuncia por sedición tras los graves incidentes ocurridos el miércoles pasado en la marcha de los jubilados.

En primer lugar, el fiscal exigió por los "registros completos" de las llamadas a la línea 134, en la cual  "se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de barrabravas de diversos clubes de fútbol ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada".

A su vez, solicitó "informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los ‘supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas’".

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La petición es por pruebas en las que se hayan registrado "agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego". Al mismo tiempo, pidió por información respecto a la acusación presentada en la denuncia de la cartera de Seguridad sobre la responsabilidad de Leandro Capriotti como "principal organizador de la violencia".

"En este sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: ‘Los principales grupos de barras bravas partieron desde las municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora'", prosiguió el fiscal.

"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", concluyó.

Según el reporte de la Policía de la Ciudad, solo cinco de los 114 detenidos fueron identificados como barras bravas: Claudio Alejandro Curci y Roberto Martín Cajal, vinculados a Deportivo Español, y Víctor Hubo Bellón, Carlos Julián Román y Gastón Eduardo Ruiz, relacionados a Nueva Chicago.

El pedido del Picardi se realizó en base a la denuncia presentada por Seguridad el pasado viernes, por los delitos de "sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada".