Reformas, reformas, reformas. Justicia federal, Agencia Federal de Inteligencia y prisiones preventivas fueron los ejes claves del discurso de Alberto Fernández ayer que ya generaron comentarios dentro de Comodoro Py, el palacio de Tribunales y algunos estudios de abogados. ¿Qué esquirlas podría traerle? Por ahora, desconocidas.

La idea de una “reforma integral de la justicia federal” en los términos en los que la planteó gira sobre dos ejes que, a su vez, van de la mano con la intervención que se hará en la AFI. Ahí cobra relevancia la figura de Gustavo Béliz, un exiliado político que pasó 15 años en el Banco Interamericano de Desarrollo tras haber propuesto (sin éxito) una reforma del sistema de inteligencia y una re estructuración de Comodoro Py. En el medio, Béliz mostró en televisión la foto de Jaime Stiuso, el personaje de la inteligencia más relevante de los últimos 30 años.

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Por un lado, será clave cómo se implementará y en qué momento el Código Procesal Penal Federal a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En Retiro, esto significaría que las investigaciones ya no las hagan los jueces sino que pasen a manos de los fiscales. El juez (un Claudio Bonadio, un Daniel Rafecas para dar dos ejemplos) pasaría a realizar una tarea de control o de supervisión: autorizar allanamientos, comprobar que todo sea legal pero ya sin el control absoluto de adónde se dirige una investigación.

De la mano de este cambio vendría un viejo proyecto de Béliz que ya estuvo circulando en algunos despachos de la zona de plaza Lavalle: la unificación de los fueros criminal y correccional con el federal. El primero es el que interviene en los casos de homicidios, robos o abusos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. A los “jueces nacionales” no les disgusta la idea: no correrían el riesgo de pasar “a la B”, o sea al fuero contravencional de la Ciudad.

Foto NA: JUAN VARGAS.

La unificación de los dos fueros traería casi automáticamente una disminución del poder que actualmente tiene Comodoro Py. Por ejemplo, una causa de corrupción que ahora se sortea entre 12 juzgados pasaría a ser sorteada entre más de 70.

A este combo se le suma el rol de la AFI. Su funcionamiento actual es, para el presidente, inviable. La primera medida (la de eliminar el secreto en los fondos) responde a la lógica de transparentar hasta donde se pueda el rol de los espías. El "nunca más a los operadores judiciales y de inteligencia" requerirá de otras soluciones: un corte en la relación de dependencia y amiguismo que funciona entre ciertos jueces y fiscales con “los espías”.

Quizás haya pasado inadvertido pero hace seis meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya marcó la necesidad de cortar ese vínculo. “Exhortar a los jueces con competencia penal para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia”, escribieron y firmaron Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Esa coincidencia entre el reciente oficialismo y el cuarto piso del palacio es una de las claves de la buena relación que por ahora tienen. Ese párrafo se enmarcaba, a su vez, en una acordada sobre las escuchas y la forma en que debe cuidarse esa información. La oficina que actualmente depende de la Corte podría volver a cambiar de manos también, luego del festival de filtraciones.

Más allá de los anuncios, algunos de los puntos de la reforma tendrían que pasar por el Congreso de la Nación. En Py, algunos se preocupan por la posible mano de obra desocupada de los servicios, siempre dispuesta a crear algún tipo de lío. Otros se muestran escépticos de que los aires de cambios consigan implementarse de manera tan sencilla.