Si no hay una salida negociada, el costo puede ser enorme. El desalojo de 2500 familias que Axel Kicillof se propone ejecutar en el predio de 100 hectáreas de Guernica es una prueba de fuego, de resultados impredecibles en medio de la peor crisis. El gobernador quiere impedir que la ocupación se consolide como ejemplo y se imponga como señal de descontrol en la inmensidad del conurbano bonaerense. Pero se enfrenta a un ejército de necesitados que acumula dos meses de supervivencia a la intemperie y sabe que, fuera de la toma, resignará toda su capacidad de discutir una solución para su problema, el de la vivienda. Nadie puede prever qué tipo de resistencia encontrará un desalojo compulsivo y cómo responderá la Policía Bonaerense en caso de un choque de fuerzas.

Kicillof actúa forzado por la Justicia, los intendentes del Frente de Todos y la presión de los medios que nacionalizan el conflicto con lógica policial. Que el Estado municipal y provincial no haya previsto la ocupación y haya llegado tarde para impedirla muestra tanto la escasez de reflejos del gobierno como la profundidad de la crisis que expulsa hacia los márgenes a una porción creciente de las mujeres, hombres y niños que habitan el Gran Buenos Aires. Las cifras de desocupación, pobreza y desigualdad en ascenso no pueden, de ningún modo, desligarse del cuadro que proyecta Guernica y la costumbre de ubicar a los desesperados en la esfera del delito es tan peligrosa como esteril.

Los jefes comunales del panperonismo no quieren convalidar las ocupaciones porque delatan su falta de autoridad y demandan una fuerte inversión en infraestructura, pero no tienen una salida para la crisis habitacional ni son capaces de dar respuesta a las necesidades de vivienda. El desalojo traslada el costo político al gobernador, inclina la balanza en contra de los movimientos sociales que forman parte del arco oficialista y define en parte cuáles son los intereses que el gobierno defiende como prioritarios. Aunque el ministerio que conduce Andrés Larroque hable de grupos violentos y condene a los militantes de izquierda, la toma es protagonizada también por votantes históricos del peronismo kirchnerista. Sin una conducción unificada y sin actores en el territorio que se acoplen a la estrategia del gobernador de manera disciplinada, el oficialismo avanza en un camino de cornisa donde no tiene garantizada una solución pacífica para la disputa por la tierra. Desde las organizaciones sociales alineadas con Fernández advierten que no hay quién pueda asegurar un entendimiento porque no existen interlocutores y la mayor parte de los ocupantes no responde a un espacio político sino que se mueve en defensa propia.

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“¿Quiénes son? ¿De dónde viene cada uno? ¿Cómo llegó ahí? ¿Dónde está el mentiroso? ¿Dónde están los que van a lotear y dónde están los necesitados, que son la mayoría? Tenés que saber qué pasa. Si no entendes las conductas, no sabes cómo actuar”. Las preguntas que un ministro del gabinete nacional se hace en voz alta no hacen más que confirmar que el Estado busca intervenir sobre los hechos consumados con información insuficiente.

Lejos de las preocupaciones de la clase media que gobierna la agenda pública y concentra su atención en la falta de dólares y la pelea judicial, los especialistas piensan que se está librando una batalla por la supervivencia entre nuevas generaciones de migrantes, que cada vez se alejan más de los bordes de la Ciudad de Buenos Aires. Guernica es el ejemplo de un asentamiento en una zona semirural a la que fueron a buscar un pedazo de tierra los hombres y mujeres expulsados del primer conurbano bonaerense. Los intendentes del PJ afirman que son muy pocos los municipios del Gran Buenos Aires donde existe todavía disponible un predio de las dimensiones del que se ocupó en el distrito de la massista Blanca Cantero.

Desde hace 90 años, el Conurbano se expande y sigue irradiando a parte de una población que busca asentarse en un lugar para vivir. El cambio es acelerado y corre paralelo a la crisis que renace por oleadas. De acuerdo a las proyecciones del INDEC para el período 2010-2025, hoy en los 24 partidos más cercanos a la Ciudad viven nada menos que 11,3 millones de habitantes, el 64% de los 17,5 millones de habitantes que tiene la Provincia. Si se suman Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, San Vicente, Presidente Perón, La Plata, Ensenada y Berisso son unos 13 millones de personas que se reparten entre el primero, segundo y tercer cordón del GBA.

Formado a partir de la década del 30 como producto de las migraciones internas, el primer cordón se fusionó con el segundo a partir de los nuevos desplazamientos urbanos de los años ‘80 y hoy es una mancha que se extiende entre la General Paz y la ruta provincial 4 o Camino de Cintura, que une San Isidro con el Camino General Belgrano, entre Quilmes y Florencio Varela. El tercer cordón empieza para algunos en ese borde imaginario y llega hasta la ruta provincial 6, que conecta Zárate y Campana con el Gran La Plata, pasando por Luján, Las Heras, Cañuelas y San Vicente. Pese a que se trata de zonas muy distantes de la Capital, las autopistas profundizaron la conurbanización y las familias sin techo se fueron alejando cada vez más en busca de un lugar donde asentarse.

Mientras el Estado se revela impotente para planificar la urbanización, es el mercado el que ordena a su manera y decide hacia dónde se prolonga el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, la verdadera grieta se retroalimenta y las tomas de tierras crecen, muchas veces, en la misma dirección que lo hacen los countries. Una década de bajo crecimiento, pero sobre todo los años de ajuste y recesión durante el gobierno de Macri y el impacto de la pandemia profundizaron movimientos de los que sólo se advierte la punta de un iceberg urbano. En el gobierno, circulan diferentes hipótesis. Hay quienes creen que los nuevos ocupantes llegan echados de lugares miserables en los que pagar un alquiler se tornó imposible. Otros afirman que buscan espacios para que se instalen los hermanos, los hijos y los nietos de los que tomaron tierras hace 30 o 40 años. Son réplicas de asentamientos anteriores y provisorios.

Si como dicen cerca del Presidente, la toma es producto de una migración hacia afuera, radial, entonces quizás se esté construyendo lo que algunos en el gobierno y la oposición ya denominan el cuarto cordón. Ciudades como Exaltación de la Cruz, Las Heras, Brandsen, Melchor Romero o Abasto forman parte de ese más allá que tiene destino de sumarse al inabarcable continuo urbano que nace en la General Paz. Evitar que la aglomeración y la guerra por el metro cuadrado se prolonguen precisa en primer lugar de un Estado con capacidad para generar trabajo en el resto de las provincias y un mínimo acuerdo sobre qué actividades conviene fomentar. Lo contrario es lo que emerge ahora en Guernica, donde los gobiernos se confirman sin margen para anticiparse a los hechos y sólo atinan a reprimir lo que no pudieron remediar.

Llegar tarde para los intendentes es empezar a perder porque el tiempo juega a favor de los ocupantes y urbanizar sobre una población que se asentó, como pudo, en el medio de la nada tampoco es lo mejor. La paradoja es que entre muchos de los que no tienen donde vivir existen también los trabajadores informales que podrían pagar un loteo en cuotas al Estado y terminan, muchas veces, abonando al que organiza el reparto de manera irregular y para su beneficio. Producto de otro déficit que parece irreversible, los asalariados en negro no acceden al sistema bancario y son forzados a la precariedad en todos los planos.

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Dicen entre los intendentes que tomas como la de Guernica son habituales cuando se acerca diciembre. Pero este año la crisis y la pandemia aceleraron los tiempos y el desborde migratorio se produjo antes. Con violencia o sin violencia, el desalojo que se anuncia para mañana puede rendir ante el electorado del Frente de Todos que se para en la frontera de la polarización, pero castiga a parte de la base más leal del peronismo kirchnerista. Se presente como se presente, la entrada de La Bonaerense al predio tomado no es muestra de autoridad: al contrario, parece ser la prueba de la impotencia estatal.