La excarcelación de presos ante la pandemia del coronavirus fue el tema de la semana. Luego de la protesta -en formato cacerolazo- en distintos en distintos distritos del país, el Presidente salió a remarcar que las resoluciones corrieron por cuenta del Poder Judicial y que el riesgo del contagio carcelario "es algo que sucede en todo el mundo".

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires frenó el habeas corpus que permitía una excarcelación masiva en los detenidos bonaerenses y el gobernador provincial, Axel Kicillof, anunció un plan de infraestructura penitenciaria. Pero a esta agenda se le sumó otro protagonista: Pablo Garate, legislador del Frente Renovador, fue el diputado que presentó un juicio político a un magistrado. Se trata de Claudio Brun, juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, quien había otorgado la prisión domiciliaria a Néstor Ibars, condenado por violar y embarazar a una joven con diagnóstico de retraso madurativo. La defensa de la víctima fue notificada 22 días después de la excarcelación.

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"Muchos políticos trataron de sacar tajada sobre esta problemática", expone Garete. Y añade: "Hubo muchas declaraciones para la tribuna y poco para conseguir un remedio legal para estas situaciones. Lo escuché a Jorge Macri diciendo que iban a iniciar el juicio político a Claudio Brun. Nosotros ya lo hicimos, hablamos con las víctimas e investigamos la causa", aseguró.

-¿Cómo fue el paso a paso desde que te enteraste del caso a la presentación del juicio político?

-Empezamos a ver que habían ciertas alertas de que estaban ocurriendo algunas excarcelaciones irregulares. En este juzgado ( Departamento Judicial de Bahía Blanca) en particular había como catorce.  La mayoría eran de delitos graves. Entonces, lo primero que hicimos fue leer los fallos y ver cómo podíamos contactar con las familias o con la representación legal de las víctimas. Queríamos saber qué sabían de todo lo que estaba pasando. Una de las abogadas de las víctimas nos contó cómo fue el proceso del condenado: era insólito. La secretaria del juez, por ejemplo, le dijo 'no te lo tomes personal' a la abogada. Y ella le respondió, "me notificás por teléfono de una excarcelación, 22 días después de la medida".

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-¿Qué otras irregularidades o fallas encontraron en los fallos de Brun?

-Además de excarcelar a personas condenadas por delitos graves, como violaciones o abuso sexual, no se cumplió con darle notificación a la víctima, ni tampoco, al ser una víctima mujer, se garantizó el estado de protección integral. Pero eso no es todo. La víctima tiene un retraso madurativo y el juez ni siquiera le dio intervención al asesor de menores. A la abogada defensora sólo se le notificó telefónicamente pero sin informe interdisciplinario del Servicio Penitenciario que es obligatorio para darle el beneficio a cualquiera que está cumpliendo una condena. Y ni siquiera se le designó un mecanismo electrónico, tobillera o lo que sea para cumplir con el arresto domiciliario. Hubo un montón de situaciones irregulares y  queremos saber si pasó en otros casos que resolvió este mismo magistrado.

-Y ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Lo deberá resolver la Secretaría de Enjuiciamiento?

Primero hay que destacar que este pedido es histórico: es la primera vez que hay un pedido de juicio político iniciado virtualmente, a partir del coronavirus, la Secretaría de Enjuiciamiento aceptó la posibilidad de iniciar los jury vía virtual  y después ratificarlo en papel en un tiempo prudencial. La presentación ya está hecha, el domingo a la noche. El lunes se labró el acta en la Secretaría que se dio por aceptado el proceso. Hay que esperar ahora que se constituya el jurado de enjuiciamiento. Ahí se sabrá que pasará.

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A Ibars se lo condenó en 2015 a una pena de siete años de prisión. El juez Brun le concedió la prisión domiciliaria el pasado 7 de abril, pero en función del escándalo que generaron este y otros casos resolvió dar marcha atrás con la medida. Entonces ordenó que regrese a su celda, en la cárcel de Villa Floresta, casi en coincidencia en que se conocía el pedido de juicio político que se acaba de formalizar.

El regreso de Ibars a su casa, en Punta Alta, había despertado la reacción de vecinos que realizaron manifestaciones para reclamar que vuelva a prisión, ya que lo consideran un riesgo para el resto de la comunidad.

Garate: " Hay que repensar el sistema penitenciario"

Pero la charla con Garate se extiende más allá del juicio político a Brun. El legislador de Tres Arroyos pretende que este jury "permita repensar el sistema carcelario": de acuerdo con los datos de la Procuración, la tasa de sobrepoblación en las unidades penitenciarias de Buenos Aires asciende a 103%. Es decir, hay más presos que camas.

-Luego de las recomendaciones de la Cámara de Casación y de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es su posición sobre las excarcelaciones de delitos menores y no graves, como el caso de Ibars?

No todo son situaciones iguales y generales. Siempre lo que tiene que primar es el sentido común y el equilibrio. A la vez, siempre hay otros tipos remedios para tomar precauciones para el sistema sanitario. El caso que yo tengo, hubo una excarcelación de la unidad penitenciaria de Saavedra, una de las más nueva de Buenos Aires, donde no hay ningún caso de coronavirus, no hay equilibrio. Es cierto que los jueces se ponen en un lugar difícil. ¿Cuál es ese lugar? Algunos magistrados solo se ponen en el lugar de los que están cumpliendo condenas y no defienden todos los derechos. Es decir, existe un desequilibrio: algunos derechos pesan más que otros. También los organismos internacionales generalizan y ven a todas las unidades carcelarias de la misma manera y eso no es así.

Garate: "En el Poder Judicial existe un desequilibrio: alguno derechos pesan más que otros".

-¿Se pueden venir otros casos de juicios políticos a jueces?

Primero quiero aclarar que la defensa corporativa de la Justicia es un error. Yo ayer leía las declaraciones del colegio de magistrados y me parece esencial aclarar que no va a haber miles de juicios políticos como insinuaron ellos, sólo estamos viendo donde hay incumplimiento. Tampoco es cierto que todos los jurys llegan a juicio político, en la mayoría de ellos, lo digo porque yo formé parte de los jurados, se les niega o no terminan llegando al juicio. Hoy, por caso, Jorge D'Onofrio presentó uno del TOF Nº6 de San Martín, de la jueza (María Inés) Piñero Bertot donde detectamos que también había incumplimiento. Nosotros solo vemos las fallas: donde haya excarcelaciones a condenados por delitos graves, o que no se haya notificado a las víctimas y los otros requisitos correspondientes. No es una caza de brujas ni nada por el estilo.

-¿Y cuál sería una solución para la situación carcelaria? Por caso, la Procuración contabilizó una tasa de sobrepoblación del 103%.

La Constitución, tanto Nacional como Provincial, estipula que deben garantizarse los derechos de la población carcelaria. Nosotros hemos planteado, tanto en el gobierno de (Daniel) Scioli como el de María Eugenia Vidal algunas propuestas, como la construcción de cárceles y otras situaciones. Lo que estamos haciendo ahora va en ese sentido: que verdaderamente se debata el sistema penitenciario, el rol de la Justicia en general. Pero tiene que ser un debate sincero y no para la tribuna.