En medio de la tensión entre el Gobierno y la oposición más dura por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, metió presión al Congreso al referirse al envío del proyecto que hará la Casa Rosada una vez que el equipo económico selle el pacto con el organismo multilateral de crédito: "Sería un delirio que no lo aprueben".

Mientras tanto, desde Unión por la Patria y la izquierda -e incluso algunos legisladores considerados "dialoguistas"- insisten en que es necesario debatir la renegociación de la deuda con el FMI, pero en tándem con el Presupuesto 2025, postergado por el Ejecutivo por la sabida falta de consenso.

Sobre la posibilidad de que, eventualmente, el Parlamento no aprobara el acuerdo alcanzado, Francos expresó en diálogo con radio Rivadavia: "Plantear eso sería un delirio, el Congreso siempre aprobó estos acuerdos".

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Asimismo, aclaró: "La posibilidad de que la aprobación del acuerdo con el FMI sea por decreto no es real".

"No lo permitiría el FMI, se requiere la institucionalidad y la seguridad jurídica", añadió respecto de la necesidad de que se consolide la aceptación "conforme a lo que establecen la legislación y los antecedentes en la Argentina".

Desde los bloques parlamentarios en el ala más opuesta a la de La Libertad Avanza, exigen que junto con este tema se asuma la discusión en el recinto del aplazado Presupuesto, que el Gobierno se negó a incluir en las sesiones extraordinarias de verano porque no le dan los números para obtener la sanción de la "ley de leyes".

"Presidente, cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore las perspectivas de desarrollo. Eso sí: asegúrese de que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la ley de presupuesto que usted debe y que fortalecería cualquier entendimiento", le advirtió recientemente a Javier Milei el legislador Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

En la misma línea se han expresado otros referentes de la oposición, que le achacan al oficialismo la falta de diálogo respecto de los ingresos y erogaciones previstos para el segundo año de la gestión libertaria, que viene con prórrogas presupuestarias sin desembarcar con esa norma en el Congreso.