Luego del enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía durante la última marcha de jubilados del pasado miércoles, el Gobierno, con Javier Milei a la cabeza, sigue de cerca el desarrollo de la actual movilización desde la Casa Rosada, con el objetivo de evitar una escalada en los hechos de violencia. 

La administración libertaria busca proteger la imagen del Presidente y frenar todo tipo de incidentes entre los efectivos y los participantes de la concentración tras lo ocurrido una semana atrás, cuando producto de el accionar de la Gendarmería el fotógrafo Pablo Grillo recibió un impacto de una cápsula de gas lacrimógeno y quedó gravemente herido.

Según una fuente de Balcarce 50 consultada por Noticias Argentinas, la idea del Ejecutivo es restringirse a "mantener el orden público", a "desincentivar" episodios violentos y a que la movilización no se salga de control. 

A su vez, descartó la presencia de barrabravas, aunque reafirmó que se trata de una "marcha política" que tiene el fin de "desestabilizar" al Gobierno.

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Por su parte, en el mediodía de este miércoles, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, con el fin de repasar los detalles del operativo, que incluye a 900 agentes de la Policía de la Ciudad y a efectivos de la Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, a diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado, las inmediaciones, tanto del Congreso como de la Casa Rosada, se encuentran valladas.

Asimismo, se produjeron controles en el transporte público y vehículos particulares, con el fin de disuadir a los manifestantes de llegar a la plaza del Congreso. "La policía va a reprimir todo atentado contra la República", se proyectó en las pantallas de distintas terminales de trenes.

El operativo fue diseñado por la ministra de Seguridad, en colaboración con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el titular y el número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert y Diego Kravetz, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Por otro lado, el jefe de Estado tendrá un ojo puesto en lo que sucede dentro del propio Congreso, ante la sesión que puede validar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).