El ex integrante del Consejo de la Magistratura y ex senador de la UCR Mario Cimadevilla, citado como testigo a la Comisión de Juicio Político por las acusaciones de la Coalición Cívica contra el magistrado de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, sostuvo en ese ámbito que "los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios".   

Luego de un extenso debate en la Sala 1 del anexo que giró en torno a las consecuencias del faltazo del fiscal Carlos Stornelli y al presunto "falso testimonio" del juez Alejandro Ramos, el ex legislador radical denunció que "entre 2008 y 2009 había una preeminencia de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios" del Consejo de la Magistratura.   

Cimadevilla afirmó que en ese período "se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo", el cual integró entre 2010 y 2014 cuando el titular de la corte seguía siendo Lorenzetti.   

"En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país", explicó.   

Según detalló Cimadevilla, en el reparto presupuestario "le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo" aunque por decreto "se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación", lo cual señaló que "habría sido el origen del fondo anticíclico".   

"En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos. Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo", subrayó.   

En este marco, relató que durante su mandato como consejero de la magistratura hizo presentaciones judiciales para denunciar esta situación, las cuales "fueron receptadas por sectores políticos", y destacó en particular a Elisa Carrió.   

El testigo recordó que en esa etapa se habían transferido del Consejo a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general".   

"Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo", explicó.   

"Las compras que no fueran licitación pública se le eliminan todo tipo de control" y las compras que se realicen a través de licitación pública" quedan a cargo "casi siempre de un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes", agregó.   

"Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura", resumió.   

Por otra parte, Cimadevilla señaló que durante su permanencia observó "una actitud corporativa que no termino de entender".  

"Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado, y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones, asestó.   

"No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios", denunció.   

Además sumó que "la Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas" que cosistiía en un "un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba".   

"Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte", advirtió.   

En tanto, el ex senador radical indicó que "la aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces".   

"He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento, y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución", cuestionó.